La audiencia de legalización de captura, donde quedaría claro qué razonamiento utilizaron las autoridades para proceder con su arresto, estaba programada para la última hora de este viernes, pero finalmente quedó reprogramada para este sábado pues “no se alcanzó a radicar la solicitud de la audiencia preliminar”, informó RCN Radio.
Por lo pronto la fiscal para la seguridad ciudadana, Claudia Carrasquilla, aseguró que se pediría cárcel por el delito de favorecimiento para la fuga en el grado de interviniente, lo que da condenas de hasta 11 años de prisión.
No obstante, las opiniones sobre su detención se centraron en los fundamentos por los que se dio, más allá de la forma en que se dio, pues algunos consideran excesivas las precauciones para una mujer que no representaría mayor peligrosidad.
La hipótesis de que sería una estrategia de presión es una de las conclusiones a la que llegaron una decena de penalistas consultados por la Agencia de Periodismo Independiente (API). Esto en primer lugar porque Manzanero Merlano tiene el derecho a no incriminar a su madre y no tenía la obligación de denunciarla ni declarar contra ella, como lo contempla el artículo 33 de la Constitución, citado por ese medio:
“Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil”
Sobre el video en que se ve que sus hijos se despiden de su madre antes de que saque una soga de un cajón y se descuelgue por una ventana, los expertos sostuvieron a la API que la divulgación de tales imágenes habría sido una violación a la cadena de custodia que “impide que puedan ser incorporados como pruebas en un eventual juicio contra Aída Merlano y otras personas”.
Así lo sostuvo el abogado Iván Cancino, quien también aseveró al mismo portal que es clave distinguir que los jóvenes no tenían el deber de vigilar a su madre y los funcionarios del Inpec que sí tenían el deber de vigilar a la excongresista. Es sobre estos que recaerían los castigos contemplados en el código penal, que solo especifica condenas a los servidores públicos encargados de los presos que se den a la fuga.
“Es más, si incluso, uno de ellos fuera el que amarró la cuerda para que ella se bajara, o le sostuviera la mano, tampoco alcanza ese aporte en materia penal para ser favorecimiento o complicidad”, comenta Cancino.
Sin embargo, otra suerte correría el odontólogo Javier Cely, que también quedó cobijado con medida de aseguramiento y a quien no protege el derecho a la no incriminación por consanguinidad. La Fiscalía también estaría evaluando si pide medidas restrictivas contra otras personas cuya participación en el escape de Merlano está por definirse, como lo sería el dueño del consultorio, el también odontólogo Mauricio Arango Isaza, y el otro hijo de la exsenadora, agregó El Tiempo.
El abogado de la joven de 20 años, Sergio Ramírez, dijo a RCN que este sábado se solicitará al juez que tome el caso “que declare ilegal la captura de Manzaneda debido a que se registraron excesos de fuerza por parte de los uniformados que realizaron su captura”.
Entre otros abogados consultados por la API se menciona a Mauricio Pava, Marlon Díaz, Juan Manuel Valcárcel, David Esponosa, Francisco Bernate, Wilson Cadena, Óscar Sierra, Miriam Pachón y Fabio Humar.
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