La procuraduría abrió investigación disciplinaria contra los senadores Alexánder López Maya y Wilson Arias (del Polo Democrático), y la representante María José Pizarro (de la lista de la Decencia) por supuestamente intervenir irregularmente en procedimientos de la Policía durante las manifestaciones desatadas por el paro nacional.

Una denuncia ciudadana señala que López Maya intervino en un procedimiento policial contra personas que, supuestamente, estaban cometiendo actos de vandalismo el pasado primero de mayo, en Cali.

Quejas de ciudadanos también dan cuenta de que Arias, supuestamente, intervino en un procedimiento que hacía la Policía en la misma capital del Valle, el 30 de abril.

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Cali es la ciudad más afectada por los vándalos que han atacado edificios públicos y privados, destruido autobuses y estaciones del sistema de transporte público, saqueado comercios y atacado a la Policía, entre otros delitos, durante las protestas.

La investigación a Pizarro es por, supuestamente, haber utilizado su investidura para intervenir en procedimiento policial de control a manifestantes que protestaban el 5 de mayo a las afueras del Congreso, en Bogotá.

Las protestas en Colombia se originaron en rechazo a la reforma tributaria, que fue retirada por el Gobierno, lo que no fue suficiente porque ahora las exigencias del paro piden un viraje en la política económica y social del presidente colombiano, Iván Duque.

Por otro lado, la Procuraduría adelanta 127 “actuaciones disciplinarias” contra funcionarios de la fuerza pública, con ocasión de sus intervenciones en los actos de protesta.

El documento explica que entre el 28 de abril y el primero de junio también se siguen 10 casos contra otros funcionarios públicos, entre ellos, una investigación disciplinaria contra una funcionaria de la Defensoría del Pueblo por presunta obstrucción de procedimiento de la Policía.

Las protestas dejan al menos 20 muertos, según cifras de la Fiscalía. Sin embargo, organizaciones como Temblores señalan que han sido registrados 45 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública.