Esa bicoca salió del pago de intereses que hicieron más de un centenar municipios sobre una millonaria emisión de bonos para acueductos y obras de saneamiento ambiental en 2007, avalada mediante una ley que expidió el gobierno Uribe luego de una reforma constitucional promovida por el propio Carrasquilla, reseñó el columnista de Semana.
“En pocas palabras, la norma (ley 1176 de 2007) les dio a los alcaldes la posibilidad de empeñar recursos futuros y adelantar la recepción de esos dineros pagando una tasa de interés a un intermediario”, precisó Coronell en la publicación.
La firma intermediaria mencionada por el columnista fue la panameña Konfigura, empresa que estructuró la negociación de los cuestionados ‘Bonos Agua’ o ‘Bonos Carrasquilla’ en compañía de Alianza Fiduciaria, firma con la que conformó el Grupo Financiero de Infraestructura, o grupo estructurador, agregó La República.
Los socios de Carrasquilla son Andrés Flórez Villegas (exdirector de Fogafín) y Lía Heenan Sierra (expresidenta de Central de Inversiones S.A.). La esposa del ministro de Hacienda, Clara Parra Beltrán, alta consejera del presidente Iván Duque, aparece como integrante de la junta directiva de Konfigura, según documentos revelados por Coronell.
“A los prestamistas les pagaron “la atractiva tasa de UVR+8 %, en tanto a los municipios les cobraron la muy alta de UVR+11 %, porque Carrasquilla y sus socios se quedaron con el 3 por ciento, unos 14.000 millones de pesos anuales durante cinco años”, destacó el columnista al citar un texto del senador Jorge Robledo que da el crédito de una buena parte de la investigación al periodista Alberto Donadío.
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En febrero de 2014, Alberto Carrasquilla, mediante una columna publicada por El Espectador, responsabilizó al gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos de la “amarga experiencia con los bonos agua, inducir tasas de interés altas, fomentar la inestabilidad jurídica y ahondar la animadversión hacia la descentralización”.
En esa ocasión, el ahora ministro de Hacienda no solo condenó los cuestionamientos a los ‘Bonos Agua’ sino que defendió su legalidad en concordancia al “origen constitucional y perfecto apego a las normas legales y a la lógica financiera”.
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