La Personería denunció que los comparendos cuestionados suman más de 110 mil millones de pesos.

Así mismo, dijo que existen 37.000 licencias suspendidas, sin la retención del documento físico (como lo establece el Código de Tránsito), lo que genera un alto riesgo de delito para los ciudadanos.

El órgano de control aseguró que son evidentes las serias falencias en el proceso de notificación de las multas y de la suspensión de licencias.

La entidad agregó que el 54 % de la correspondencia que mandó el Distrito fue devuelta, por lo que cerca de 90 mil personas no recibieron la información de sus fotocomparendos.

De igual forma, hubo un aumento, promedio, del 446 % en la imposición de comparendos desde noviembre de 2018, a través de dispositivos móviles, destacó la Personería.

Por otro lado, según Noticias Caracol, más de 100 cámaras usadas en los procesos de multas no fueron autorizadas por el Ministerio de Transporte.

En rueda de prensa, Carmen Teresa Castañeda, personera de Bogotá, sostuvo que “a la Secretaría de Movilidad no le interesa sino imponer comparendos, cobrar y recaudar sin importar los derechos y las garantías que tienen los posibles infractores”.

A raíz de esta denuncia, de acuerdo con el informativo, la Personería abrió investigación disciplinaria contra el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, y otros funcionarios.