La Comisión de Derechos Humanos del movimiento Marcha Patriótica, que acompaña las protestas cocaleras, señala la muerte de cuatro campesinos y casi medio centenar de heridos. El ministerio de Defensa, en tanto, da cuenta de la muerte de dos integrantes de la fuerza pública y 36 lesionados entre enero y mayo.

“Hemos documentado la emergencia de protestas sociales que, incluso, han escalado a enfrentamientos entre la fuerza pública y población campesina cultivadora”, indicó la Defensoría del Pueblo.

La advertencia del Ministerio Público coincide con denuncias de oenegés y asociaciones campesinas que alertaron en los últimos días de múltiples choques durante la erradicación de sembradíos de hoja de coca, materia base de la cocaína, en medio del confinamiento general por la pandemia del coronavirus.

Según la Defensoría, algunas protestas son impulsadas por grupos armados ilegales que ven afectados sus ingresos por la erradicación de los narcocultivos.

Esas organizaciones trasladan a población “no cultivadora” y “que no tiene relación con los territorios” afectados a las zonas donde se realizan los operativos de erradicación, agregó.

Los choques entre campesinos cocaleros y la fuerza pública han tenido picos a lo largo de las últimas décadas en Colombia, principal cultivador mundial de hoja de coca y mayor productor global de la cocaína.

Los recursos del narcotráfico han alimentado el conflicto armado de casi seis décadas. El botín que deja el tráfico de drogas es disputado por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (Eln), disidentes de las Farc que no se acogieron al pacto de paz de 2016, narcos y bandas de origen paramilitar.

El gobierno de Iván Duque lanzó un plan antidrogas que prevé reducir a la mitad el territorio cultivado con coca entre 2022 y 2023. En 2018 había 169.000 hectáreas sembradas, según la ONU.

El mandatario aseguró que el año pasado se erradicaron manualmente 100.000 hectáreas, una cifra histórica. Sin embargo, expertos estiman que la resiembra alcanza en promedio cerca del 50% de las hectáreas erradicadas a la fuerza.

Duque también prevé reactivar la aspersión con glifosato, una iniciativa aplaudida por Estados Unidos. Las aspersiones aéreas con glifosato fueron suspendidas en 2015, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos por sus potenciales daños a la salud humana y el medioambiente.