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En febrero de 2024, la Fiscalía General de la Nación efectuó la expropiación de 45 propiedades que pertenecían a Andrés Mauricio Vélez Hernández, conocido como alias Fortuna. Esos bienes, cuyo valor rondaba los 70.000 millones de pesos, fueron señalados como procedentes del narcotráfico. Dos años más tarde, uno de estos inmuebles volvió a ocupar un lugar relevante en la agenda estatal, cuando surgieron denuncias dentro del Gobierno de que el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, habría intervenido para que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) cambiara el depositario encargado de una de esas propiedades.
La advertencia sobre estas presuntas gestiones llegó a la Presidencia a través de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección. El momento fue especialmente delicado, dado el clima de tensiones internas y rivalidades entre distintas facciones del movimiento político que respalda al presidente Gustavo Petro. Rodríguez declaró que poseía información sobre comportamientos cuestionables por parte de Idárraga y comunicó estas inquietudes directamente al mandatario, aunque subrayó que no contaba con pruebas contundentes, sino con indicios y versiones sobre supuestas presiones ejercidas ante la SAE.
Según información publicada por El Tiempo, tales presiones se enfocaban en modificar la administración de un bien de lujo confiscado a alias Fortuna, y localizado en el Valle del Cauca. El ministro de Justicia habría planteado esta exigencia argumentando razones de seguridad nacional. Documentos que incluyeron chats y grabaciones presentados ante la Presidencia reforzaban la hipótesis de Idárraga, quien aseguraba que el reemplazo del depositario permitiría acceder a datos sensibles sobre una posible caleta de armas y explosivos.
El ministro incluso manifestó que la información que poseía se relacionaba con un aparente plan para atentar contra el presidente Petro, particularmente durante los actos del 20 de julio celebrados en Santa Marta. Por ello, justificó la urgencia del cambio administrativo como una medida preventiva ante un posible riesgo para la vida del jefe de Estado.
Siempre según las fuentes citadas en El Tiempo, Andrés Idárraga sostuvo que notificó sobre este asunto a diversas instancias, como la entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez; el general Luis Emilio Cardozo, quien fuera comandante del Ejército en ese momento; y personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Sin embargo, un sector del Gobierno consideró insuficiente la justificación presentada y percibió el proceso como poco transparente, máxime cuando la SAE finalmente decidió no autorizar el relevo del depositario.
Este episodio se añadió a una cadena de cuestionamientos que han circulado en la Casa de Nariño respecto a la gestión en el Ministerio de Justicia. Entre los hechos mencionados figuran once cambios administrativos efectuados en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) entre finales de 2025 y comienzos de 2026, referentes a direcciones de centros penitenciarios en ciudades como La Tramacúa, Florencia, Medellín, Neiva y Puerto Triunfo. De estos nombramientos, al menos cuatro habrían favorecido perfiles con antecedentes o conexiones políticas con partidos tradicionales; no obstante, el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, negó que el ministro Idárraga interviniera para ubicar a personas específicas en esos cargos.
Los hechos sobre la gestión del inmueble de alias Fortuna y los movimientos internos en el sistema penitenciario tomaron relevancia en un contexto de alta tensión política en torno al Gobierno de Gustavo Petro. Aunque no existe hasta el momento una investigación formal en contra del ministro de Justicia, las alertas remitidas al despacho presidencial abrieron una nueva brecha de inquietud dentro de la Casa de Nariño.
¿Qué papel desempeña la SAE en la administración de bienes incautados?
La SAE, o Sociedad de Activos Especiales, es la entidad encargada de administrar, custodiar y eventualmente disponer de los bienes que han sido confiscados por las autoridades colombianas en el marco de procesos por narcotráfico y otros delitos. Su función resulta crítica en asegurar que estos bienes se manejen de manera transparente y conforme a la ley, evitando abusos y garantizando su correcta utilización mientras se resuelven los procesos judiciales correspondientes.
El caso relatado subraya la importancia de la SAE en la gestión de propiedades de alto valor económico y simbólico, especialmente cuando involucran escenarios de seguridad nacional o intereses de alto nivel en el Gobierno. Por ello, cualquier intento de modificar el manejo de estos activos suele ser objeto de escrutinio y debate público, dado el potencial riesgo de conflictos de interés o presiones indebidas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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