Ante el exponencial crecimiento de otorgamiento de licencias a empresas mineras en el norte del Tolima, comunidades agrícolas y ambientalistas llevaron a cabo el acto simbólico en donde cuestionaron a la autoridad ambiental por el seguimiento que se está realizando a dichos proyectos extractivos.
Renzo García, diputado de la Asamblea Departamental, comentó que la preocupación de las comunidades campesinas se condensó en el plantón porque la megaminería representa un riesgo en términos de contaminación de suelos y afectación a actividades agropecuarias.
“Cortolima debe privilegiar la protección del patrimonio ecológico por encima del desarrollo de esas actividades extractivistas. Hoy es el Día Internacional de la Tierra y es una manifestación interesante porque se da a través de expresiones artísticas, culturales y pacíficas para que se pueda generar conciencia ambiental y promover procesos de defensa territorial”, apostilló García.
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Líderes campesinos en ‘vilo’
Ante la situación, líderes comunitarios de Falan mostraron su preocupación por el futuro de la quebrada Santagueda, la cual abastece alrededor de 18 acueductos veredales de Falan y Palocabildo.
“Buscamos respuesta de Cortolima frente a la situación que vivimos con el acueducto Socorro – Cavandia. Somos 15 familias sin agua pero la empresa minera sí tiene un punto de suministro”, manifestaron.
Además, aseguraron que las empresas mineras “están haciendo exploraciones a 30 metros de un nacimiento de agua. Nos parece mal porque esa agua la toma Guayabal por lo que creemos que existe un impacto ambiental. A su vez, están perforando a muchos metros de profundidad, por lo que no es claro en dónde está terminando los residuos de sus operaciones”.
Por otro lado, según testimonios de los líderes comunitarios, varios asistentes no pudieron llegar al plantón debido al mal estado de las vías terciarias que comunican a la vereda Campoalegre.
Según ellos, durante la tarde del 21 de abril, maquinaria amarilla, que sería de la empresa La Fortuna, pasó por las vías terciarias y dañó el carreteable, hecho que consideran como un ‘sabotaje’ de parte de la empresa minera.
Otro hecho que llama la atención es la aparente captación ilegal de agua por parte de La Fortuna en el predio La Mina.
Ángela Rojas, miembro de la Red de Páramos, indicó que “se están robando el agua de la vereda el Socorro, hay motobombas y trece tanques de dos mil litros de aguas. Los campesinos están afectados porque no han tenido acceso al agua mientras que la minera tenía permiso del acueducto comunitario después de una autorización del presidente veredal de Cavandia”.
Y agregó que “hay una clara afectación de los circuitos subterráneos hídricos. Al no haber estudios de prefactibilidad, establecimos que sí hay contaminación en estas aguas. Las fincas que viven debajo de ese sector dijeron que el agua tiene un leve sabor a diesel”.
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Por último, los líderes puntualizaron que: “No queremos minería, no la necesitamos. Somos cultivadores, agricultores, adoramos nuestras aguas y nuestra naturaleza.
“Los queremos fuera del territorio. No tenemos el respaldo ni de la presidencia de la junta veredal ni de la Alcaldía. Se metió la minería a la zona, no hubo socialización y miramos trampas por todos lados”.
Reporte de Cortolima
Olga Lucía Alfonso, directora de Cortolima, explicó que la actividad minera en Colombia está reglamentada en la ley a través del decreto 1076 de 2015 que posibilita el trámite de licencias ambientales por medio de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla.
Por otra parte, expresó que: “Miranda Gold tiene aprobadas actividades de exploración y en este caso se prevé presentar una guías minero ambientales que hemos venido haciendo seguimiento con la comunidad y la empresa. Ellos solicitaron una concesión de aguas la cual negamos. Hemos revocado trámites de licenciamiento y, en este momento, tenemos suspendidas varias actividades mineras por no cumplir con el plan de manejo”.
En cuanto a la concesión de aguas solicitada por la empresa La Fortuna para extraer agua de la quebrada Santagueda, se estableció que la CAR aún continúa realizando los estudios pertinentes para dar trámite a la solicitud. El área jurídica de la entidad determinará si se aprueban o no los permisos para tal menester.
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