Escrito por:  Redacción Nación
Jul 28, 2025 - 8:17 pm

Luego de que la jueza, Sandra Heredia, ordenara prisión domiciliaria para Álvaro Uribe, por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, la Fiscalía solicitó el pago de sanciones económicas.

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De esta manera, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela Rodríguez, habló sobre las multas que le serían impuestas al expresidente por sus presuntas acciones.

En este caso, Orjuela aseguró que, teniendo en cuenta las normas vigentes, Uribe Vélez tendría que pagar un total de 1.025 salarios mínimos legales mensuales vigentes que para 2025 equivalen a $ 1.459.087.500 solo para el delito de soborno en actuación penal.

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Sin embargo, Fiscalía aseguró que solicitará un aumento de la sanción hasta de 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes más, teniendo en cuenta el artículo 61 del Código Penal y los hechos relacionados con fraude procesal.

Es decil que en total, el dirigente del Centro Democrático podría pagar un máximo de 2.313.187.500. Sin embargo, el monto podría ser menor teniendo en cuenta que el mencionado es la suma de las multas establecidas para cada uno de los delitos por aparte.

Por otra parte, es importante aclarar que la defensa del procesado anunció una apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. Ese alto tribunal tiene que pronunciarse antes de que venzan los términos del caso el 18 de octubre de 2025, según explicó a Pulzo, el abogado Francisco Bernate.

¿Por que jueza declaró culpable a Álvaro Uribe por dos delitos?

Según lo establecido en la decisión judicial, Uribe realizó el intento de manipulación de testigos a través de su abogado Diego Cadena. Entre los testigos estaba el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, a quienes se les intentó influir para no declarar sobre los supuestos vínculos de Uribe con grupos paramilitares en Antioquia. Del mismo modo, también se buscó que estos testigos incriminaran al senador Iván Cepeda.

El fallo reveló que Uribe habría ofrecido beneficios a personas privadas de la libertad con el fin de favorecer sus procesos judiciales. Este hecho configura el primer caso registrado de soborno en actuación penal en Colombia.

Todo comenzó en 2012, cuando el exmandatario Uribe acusó al senador Cepeda de supuesta difamación. Uribe argumentaba que Cepeda buscaba falsos testimonios para dañar su reputación. Sin embargo, a medida que avanzó la investigación, Cepeda pasó de ser el acusado a la víctima, y Uribe de ser el demandante a convertirse en el investigado.

Aún está pendiente definir la responsabilidad de Uribe en otros cargos, como el de fraude procesal. Respecto a la condena, podría variar entre seis y doce años de prisión, y todavía está por resolverse.

El fallo contra Uribe marca un hito en la historia jurídica de Colombia al ser la primera condena por este tipo de delito que cae sobre un expresidente. Este hecho causa reacciones tanto dentro como fuera del país. Incluso desde el Gobierno de Estados Unidos, que catalogó la acción judicial como ejecutada por “jueces radicales“.

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