Tras salir de trabajar en una fábrica de La Calera (Cundinamarca), Diego Bonilla solía reunirse en un parque con sus amigos. En los últimos días, había aumentado la presencia de soldados pidiéndoles a los jóvenes libreta militar y el 24 de julio le tocó el turno. “Como no tenía, lo citaron a las 8:00 a. m. en la estación de Policía. Acudió tranquilo, porque tenía trabajo y próximamente iba a empezar a estudiar”, cuenta Karina Rincón, amiga del joven.

En el centro policial, Diego se percató de que llegaron más jóvenes y a las 10:00 a. m. arribó un bus, que los llevó al Distrito Militar de Zipaquirá, donde les hicieron exámenes para determinar si eran aptos para prestar el servicio militar. Allí permaneció la noche del 25 y al día siguiente le informaron que sería reclutado. Lo llevaron al Cantón Norte, desde donde llamó a una amiga a pedirle ayuda. Diego dice que lo presionaron para firmar documentos y enlistarse.

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“Busqué una abogada y radicamos un ‘habeas corpus’ ante un juez, asegurando que él estaba retenido y que había declarado objeción de conciencia, pero nadie lo escuchó. Lo obligaron a hacerse los exámenes y a firmar el certificado de que era apto para el servicio militar”, asegura la amiga del joven.

Finalmente, un juez falló a favor de Diego y fue liberado el viernes, a las 8:00 de la noche. Su caso hace parte de las denuncias recibidas por concejales y organizaciones sociales, sobre el plan de las Fuerzas Militares de reclutar en agosto a 18 mil jóvenes en el país.

Reclutamiento en las calles

Después de las cuarentenas estrictas, las FF. AA. retomaron los procesos de reclutamiento presencial. Este mes, por su gran potencial, esperan reclutar en Bogotá el 16 % de la cuota nacional, es decir, casi 3.000 jóvenes. Sin embargo, desde que se declararon ilegales las “batidas”, por la Sentencia T-455 de 2014, por ser una violación de los derechos humanos, la estrategia ha mutado, aunque siguen siendo más frecuentes en zonas donde viven poblaciones vulnerables, dicen algunos denunciantes.

De esta manera, las localidades donde más se denuncian casos de posible reclutamiento irregular son Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy, Engativá y Santa Fe. En estos puntos se han registrado a uniformados esperando cerca de estaciones de Policía, parques y paraderos de transporte público. Además, se ha denunciado la presencia de otros distritos militares en la ciudad buscando reclutar jóvenes.

Este año la mayoría de las denuncias se han reportado en sitios cercanos o, incluso, dentro de las estaciones de Transmilenio (TM). En ese sentido, a principio de año la gerencia de TM, ante petición de algunos concejales, aseguró que no pueden prohibir la presencia de militares en sus instalaciones, ya que tienen derecho a pedir información sobre la situación militar de los ciudadanos.

“El problema es que estas operaciones no las hacen en estaciones como la Pepe Sierra, en el noroccidente de la ciudad, o en la estación de Las Aguas, cerca de zonas donde viven o estudian jóvenes de estratos 4, 5 y 6. Estas ocurren en las estaciones del sur, en los portales de las Américas, Usme, El Tunal, y en ciertas estaciones donde viven jóvenes con mayor vulnerabilidad”, manifestó la concejal Heidy Sánchez (UP).

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Frente a esto, el Comando de Reclutamiento del Ejército asegura que, hasta que se cambie la ley, el servicio militar es obligatorio y su deber es hacerla cumplir, para que los ciudadanos definan su situación militar. Por ello hacen presencia en el espacio público. Sin embargo, como lo han denunciado desde el Concejo y organizaciones sociales, el procedimiento del Ejército ha mutado, en el cual ahora, dicen, citan a los jóvenes con el pretexto de definir su situación militar, pero con miras a incorporarlos.

“Ahora, con verificación de la situación, están captando los datos de los muchachos, en una lógica de encuadramiento. Creo que ahí hay un error de las Fuerzas Armadas”, aseguró la concejal Sánchez (UP).

Cuestionamientos al proceso para declarar objeción de conciencia

A junio de 2022, según cifras de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia de Bogotá (ACOOC), en Colombia 1.080 jóvenes se han declarado como objetores de conciencia en el momento del reclutamiento en el Ejército. De estos, a la mitad se le ha otorgado un concepto positivo de la Comisión Interdisciplinaria de objeción de conciencia de las Fuerzas Armadas, mientras que a los otros se les ha señalado como infundada.

“Esta cifra parecería garantista, pero un gran número de aquellos a quienes le aceptan la objeción, se debe a proceso de apelación. Además, también hemos visto que existen trabas desde la institución a estos recursos. Finalmente, hay chicos que llegan con documentos de objeción de conciencia, ante lo cual son catalogados como difíciles de reclutar y los dejan ir, sin recibir los documentos, por lo que la cifra puede ser mayor”, asegura el equipo jurídico de la ACOOC.

Por otra parte, también se ha cuestionado la conformación de la Comisión que decide estos procesos, ya que, a pesar de tener un representante del Ministerio Público, la mayoría de los miembros están ligados al Ejército.

Recomendaciones

La campaña de reclutamiento en el país irá hasta el próximo 17 de agosto. Tenga en cuenta que la Secretaría de Gobierno cuenta con la Subdirección de Juventud, que puede representarlo sin costo en estos casos. Para denunciar detenciones irregulares del Ejército se puede contactar a las líneas telefónicas de la Personería de Bogotá, al 3820450, o de la Defensoría del Pueblo, al 3147300. Estas entidades pueden hacer presencia en las instalaciones militares para acompañar los procesos.

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Por otra parte, tenga en cuenta que el Distrito tiene una ruta de atención interinstitucional para ofrecer apoyo o información sobre los servicios de reclutamiento militar. Además, por el momento se trabaja en una ruta para la socialización de los derechos de los jóvenes en los colegios de Bogotá, a través de un proyecto de acuerdo.

Adicionalmente, tenga en cuenta que los uniformados tienen la competencia para pedir la libreta militar, pero no para retener documentos de identidad. Y si lo citan para definir su situación militar, tenga a la mano los documentos por los cuales puede ser exonerado, como la objeción de conciencia. “Hay un mito de que el objetor de conciencia es alguien superestudiado, y no. El simple hecho de declararse una persona pacifista, que a lo largo de su vida ha resuelto los conflictos desde el diálogo, es suficiente. Es un derecho que tenemos todos”, puntualizó el equipo jurídico de la ACOOC.

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