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La investigación publicada por Revista Semana ha reavivado una profunda preocupación alrededor del esclarecimiento de los llamados “falsos positivos” en Colombia, una de las más dramáticas expresiones de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado. El reportaje detalla cómo militares que han reconocido su participación ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han denunciado haber sido objeto de presiones, amenazas y ofrecimientos económicos destinados a modificar sus declaraciones y evitar así que altos mandos sean involucrados en estos crímenes.
De acuerdo con los testimonios, registros de audio y conversaciones divulgados por ese medio, existiría una supuesta “operación mordaza”, enfocada en silenciar a quienes estarían dispuestos a exponer la responsabilidad de superiores en las ejecuciones extrajudiciales. Estas acciones tuvieron como característica central la presentación de civiles asesinados como bajas legítimas en combate, mecanismo mediante el cual se buscaba inflar los “resultados operacionales” exigidos durante las etapas más cruentas del conflicto.
El caso de un exsoldado que declaró haber participado en por lo menos 20 asesinatos en la región Caribe ilustra la complejidad de esta dinámica. Según su narración, actuó obedeciendo órdenes de sus superiores, quienes exigían una cuota de bajas y luego recurrieron a ofrecerle cerca de 20 millones de pesos por guardar silencio y asumir individualmente la culpa, sin involucrar a otros mandos. Lo más preocupante es que el dinero habría sido ofrecido por un coronel retirado señalado en sus declaraciones. Además de incentivos económicos, el exuniformado afirmó haber recibido mensajes intimidatorios y advertencias para no seguir mencionando a altos oficiales en sus declaraciones ante la JEP.
Este hecho no sería aislado. Otros militares consultados bajo anonimato relataron experiencias similares, señalando el temor a represalias no solo sobre su seguridad, sino también sobre derechos como el acceso a la pensión. Un testigo relató que le insinuaron la posibilidad de perder este beneficio si continuaba colaborando con la justicia. Varios de estos testimonios describen la existencia de redes de presión integradas por oficiales activos y retirados que buscan obstaculizar el avance de los procesos judiciales.
Las formas de presión identificadas van más allá de los ofrecimientos directos de dinero. Según la investigación de Semana, algunos militares recibieron propuestas para financiar emprendimientos o negocios personales bajo la condición de que detuvieran su cooperación con la JEP. Las sumas mencionadas en diferentes casos oscilan entre cinco y veinte millones de pesos. Incluso, se documentó el caso de un exuniformado que, tras recibir apoyo económico de su antiguo comandante, optó por silenciarse para no complicar su situación judicial ni la de su superior.
Sin embargo, otros comparecientes se han mantenido firmes y han rechazado estos incentivos, pese al ambiente de hostigamiento. Un sargento que ya cumplió condena por ejecuciones extrajudiciales relató que decidió seguir colaborando con la JEP, evidenciando que no todos sucumben ante las presiones. La abogada Tania Parra, defensora de militares involucrados, advirtió que el temor generado por intimidaciones, atentados y presiones judiciales amenaza seriamente la búsqueda de la verdad.
Uno de los episodios más alarmantes es el del mayor retirado Daladier Rivera, quien confesó su participación en 63 ejecuciones extrajudiciales y denunció constantes amenazas tras entregar información relevante sobre nexos entre militares y grupos paramilitares. El atentado armado que sobrevivió en julio de 2025, en el que murió un miembro de su familia, ejemplifica los riesgos que enfrentan quienes deciden hablar. Rivera permanece decidido a declarar ante la JEP, a pesar de los continuos mensajes intimidatorios.
La magnitud del fenómeno queda reflejada en el macrocaso 03 de la JEP, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, con más de 4.600 víctimas acreditadas y cientos de comparecientes. Las revelaciones ponen en cuestión la capacidad del sistema de justicia transicional colombiano para proteger a los testigos y garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y por qué es relevante en los casos de falsos positivos?
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un tribunal creado como parte del acuerdo de paz en Colombia, encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, como los llamados falsos positivos, en los que civiles fueron ejecutados extrajudicialmente y presentados como bajas en combate. Su misión es investigar, juzgar y sancionar estos hechos, promoviendo la verdad y la reparación a las víctimas.
La relevancia de la JEP radica en que ofrece un mecanismo judicial transicional que permite a los responsables de estos delitos contribuir a esclarecer los hechos a cambio de beneficios penales. Sin embargo, las recientes denuncias sobre presiones y amenazas a los comparecientes evidencian los enormes desafíos que enfrenta el sistema para garantizar condiciones de seguridad y esclarecimiento efectivo de uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Colombia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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