“Desde ya y como siempre lo he manifestado, pido perdón a cada una de las víctimas directas e indirectas de este crudo conflicto armado interno que ha causado a la gran mayoría de las personas de nuestra Colombia un dolor en sus corazones”, manifestó Rincón, quien era el jefe de operaciones de la Brigada 15 del Ejército.
Rincón ofreció disculpas y se presentó a la JEP junto con 2 suboficiales y 11 soldados profesionales. Según se declaró en la audiencia, Rincón Amado aparentemente emitió la autorización para que unidades militares bajo su mando instalaran un retén falso y el operativo en el que simularon el enfrentamiento contra guerrilleros, en el que se vieron implicados dos de las víctimas.
⚖️#AudienciaSoacha: Dos oficiales, un suboficial y once soldados de las Fuerzas Militares, firmaron oficialmente acta de sometimiento y de régimen de condicionalidad ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la #JEP. pic.twitter.com/Zlk2Dsj65p
— JEP (@JurisdiccPaz) August 10, 2018
La importancia de las declaraciones de militares en la JEP se evidencia en el testimonio de las propias víctimas, como el que dio a conocer el diario El Tiempo en la voz de Idaly Garcerá, madre de Diego Alberto Tamayo, desaparecido, muerto y presentado como guerrillero por la Brigada 15, en el mismo tribunal donde estaban, frente a frente, víctimas y victimarios.
“He esperado estos 10 años de audiencias para escuchar a los señores implicados, espero que de verdad se acojan a la justicia plena para saber la verdad. Esto es muy importante para las víctimas para que tengamos un poquito de alivio en el alma”, dijo Garcerá, citada por El Tiempo.
A los 14 militares se les acusa de la muerte de Julio César Mesa Vargas, Jader Andrés Palacios Bustamante, Víctor Fernando Gómez Borrero, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez y Diego Alberto Tamayo Garcerá, cuyos familiares asistieron a la audiencia, algunos de ellos con camisetas en las que tenían impresas imágenes de las víctimas mortales.
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Las sanciones contempladas en esta jurisdicción son de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad para quienes acepten su responsabilidad y penas alternativas de 5 a 8 años de prisión para quienes acepten responsabilidad antes de que se emita sentencia en su contra.
No obstante, se prevén sanciones ordinarias de entre 15 y 20 años de prisión para quienes no admitan su responsabilidad y sean condenados por esa jurisdicción.
El Tiempo reveló también que la fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación solicitó una audiencia privada para analizar las condiciones de seguridad de las madres de Soacha, debido a las amenazas que han recibido y continúan llegando por pedir justicia para estos y otros casos, como los de Ocaña en Norte de Santander. Dicha audiencia fue concedida por la JEP.
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