Este viernes, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció después de que el Gobierno de Gustavo Petro, a través del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, señalara que si el Distrito no toma en cuenta las modificaciones que sugirió el presidente sobre cambiar el metro elevado a subterráneo, la otras obras de movilidad, como Regiotram de Occidente y del Norte, la segunda línea del metro de Bogotá, la calle 13 y la ALO SUR, entre otras, que iban a ser financiadas en parte con recursos de la Nación, podían detenerse.

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“Salimos adelante cuando, en vez de saboteo y amenazas, construimos sobre lo construido, mejorando sin dañar, cambiando sin destruir”, fueron las palabras de la mandataria, quien acompañó el mensaje de un video cuando estaba en campaña para la Alcaldía de Bogotá, en el que señalaba que “no iba a tirar a la caneca la plata que se gastó el exalcalde Enrique Peñalosa de los impuestos de los bogotanos, haciendo estudios nuevos o interrumpiendo un contrato que ya estaba en marcha”.

Por otra parte, López habló de lo que ya se había estipulado para la primera línea: “los contratos son Ley para las partes. El contrato de la primera línea del Metro de Bogotá es fruto de un proceso que cumplió todos los requisitos, una licitación pública transparente y va en 18 % de ejecución”.

Recordemos que el pasado jueves, 2 de febrero, el ministro Reyes señaló: “es muy claro: si no aceptan, como se ha venido diciendo, las modificaciones propuestas (de la primera línea del metro de Bogotá) dentro del marco jurídico, pues el Gobierno, en la medida que financia el 70 % de los otros proyectos, pues esos proyectos se van a tener que parar”.

Por lo pronto, el futuro de un metro subterráneo o elevado en la primera línea y las otras grandes obras a las que le estaba apostando la alcaldía de López quedan en un ambiente de incertidumbre.

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