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La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al expresidente de la extinta Medimás EPS, Néstor Orlando Arenas, que tiene pliego de cargos en la procuraduría, al propietario de la compañía Century Farma S.A.S, José Leónidas Olaya, y la representante legal de esta, Mercedes Barrera Botía, por interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento privado. Todos serían culpables irregularidades en el proceso de contratación de suministro de medicamentos, insumos y dispositivos médicos.
Según la Fiscalía, en dos contratos realizados en 2017, uno en enero y otro en diciembre, se seleccionó al contratista sin que este tuviera la capacidad financiera y la experiencia técnica para cumplir el acuerdo. Los dispositivos que debían suministrar eran para pacientes que padecían enfermedades de alto costo y “huérfanas”, que son enfermedades graves que afectan a una cantidad muy limitada de población, menos de una de cada 5000 personas, según el Ministerio de Salud.
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Dentro de las pruebas recopiladas por las autoridades está un anticipo que realizó la EPS por $ 263.000 millones de pesos, de los que se habrían destinado $ 7.105 millones de pesos para pagar arriendos y actividades que no estaban dentro de lo establecido en el contrato. Además de que aparentemente el proceso de contratación desde el principio tuvo el objetivo de beneficiar a Olaya, quien era parte del consorcio propietario de Medimás.
En marzo de 2022, Medimás, que quedó debiendo plata en el Quindío, fue liquidada por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) por incumplir con las obligaciones que tenía ante sus usuarios y el país. Posteriormente, en enero de este año, la Contraloría les imputó cargos de responsabilidad fiscal, dado que habrían hecho pago de servicios de salud a personas fallecidas, contratación de empresas con débiles estructuras financieras y pago de multas con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
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Por esta situación, el fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó a los tres funcionarios previamente mencionados, expresidente y contratistas, de estar detrás de las presuntas irregularidades en el proceso de contratación. Estos irán a juicio, se valorarán las pruebas que aportó la Fiscalía y la defensa de los acusados, para tomar una decisión en primera instancia por parte de un juzgado.
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