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Medellín ha anunciado el inicio de la construcción de la primera megacárcel en Colombia, siguiendo como referencia el controvertido modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador. De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, este proyecto busca albergar más de 1.300 reclusos y se perfila como una apuesta estratégica frente a los retos que enfrenta la ciudad en materia de seguridad y control penitenciario. El alcalde Federico Gutiérrez indicó que esta nueva cárcel implementará rigurosas medidas de vigilancia y estará terminada en el año 2027.
La segunda urbe más grande de Colombia ha superado históricamente índices alarmantes de violencia, por lo que el diseño de la megacárcel se inspira en el Cecot, una prisión de máxima seguridad reconocida tanto por su infraestructura como por las polémicas internacionales acerca de denuncias de violaciones de derechos humanos dentro del centro penitenciario, según informaciones de la administración local. El caso de El Salvador ha llamado la atención regional y ha influido en otras iniciativas similares en Latinoamérica. Por ejemplo, en Ecuador y Costa Rica se replican modelos comparables, y figuras políticas como José Antonio Kast, presidente electo de Chile, han manifestado su interés en recibir asesoría directa de Nayib Bukele, mandatario salvadoreño, para fortalecer los sistemas penitenciarios en sus países.
Durante una visita a la obra, Gutiérrez detalló que los fondos para la construcción provendrán tanto de recursos públicos como privados, apostando por la modalidad de asociación público-privada. Un aspecto novedoso de este proyecto será que la custodia no estará a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), tradicional en Colombia, sino por un cuerpo exclusivo de seguridad propio. De acuerdo con el alcalde, se emplearán sistemas tecnológicos avanzados para evitar que los internos puedan comunicarse desde la cárcel, una práctica que, en su opinión, alimenta la extorsión desde los centros de reclusión.
Otro elemento destacado es la búsqueda de equilibrio entre la autoridad y los derechos humanos. Según Gutiérrez, los futuros internos serán internos sindicados, lo que significa que aún no tienen sentencia judicial. Para ello se planean pabellones diferenciados enfocados en la formación, la reinserción social y la atención a visitas familiares, asegurando que cada uno de los sectores tenga capacidad para 250 personas. El alcalde enfatizó ante los medios que el cupo total será estrictamente de 1.339 plazas, con el objetivo declarado de prevenir el hacinamiento que ha caracterizado otras cárceles del país.
El avance de la obra, según lo comunicado por la Alcaldía de Medellín, está en un 9%. Actualmente se adelantan trabajos como la excavación de plataformas, habilitación de accesos, pilotaje estructural, levantamiento de muros de contención, construcción de los pabellones y obras hidráulicas. La inversión global será de 675.000 millones de pesos bajo un esquema de pagos programados entre 2027 y 2038, demostrando un compromiso financiero y logístico a largo plazo para ejecutar el proyecto.
Ante este ambicioso esfuerzo, Medellín no sólo busca una solución a la problemática penitenciaria local, sino que también se suma a un debate internacional sobre seguridad, derechos humanos y el modelo de administración carcelaria.
¿Qué significa que un interno sea considerado "sindicado" en Colombia?
Un interno sindicado es una persona que se encuentra privada de la libertad mientras enfrenta un proceso judicial, pero aún no ha sido condenada por un juez. Esta distinción es fundamental dentro del sistema penal colombiano, pues implica derechos y responsabilidades diferentes en comparación a quienes ya han recibido una sentencia definitiva por parte de la justicia.
En el contexto de la nueva megacárcel de Medellín, este enfoque plantea tanto retos como oportunidades. Por una parte, se busca evitar la mezcla entre sindicados y condenados, siguiendo los principios de presunción de inocencia y respeto a los derechos humanos. Por otra, la infraestructura futura deberá adaptarse para garantizar que los procedimientos legales y las condiciones de detención respeten estas diferencias fundamentales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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