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El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, será procesado penalmente. Este lunes se conoció que la Fiscalía General de la Nación alista una imputación en contra del exmandatario para que responda ante la justicia por su presunta participación en el escándalo de Aguas Vivas.
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Según puede leerse en la página de la rama judicial, el ente acusador ya radicó ante un juez una solicitud de formulación de imputación el pasado viernes 14 de marzo, en el que se señala al exmandatario local como presunto responsable de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.
Según pudo conocer El Colombiano, aliados de Pulzo, para el próximo 25 de marzo ya hay citada una audiencia preliminar, en la que además de Quintero, deberán comparecer otros 12 funcionarios implicados en el caso.
Además del exalcalde, en la solicitud de imputación aparecen relacionados Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Fabio Andrés García Trujillo, exsecretario General; Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios; Alethia Carolina Arango Gil, quien ejerció como subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público; Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación Medellín; Ingrid Vanessa Gonzalez Montoya, exsecretaria de Gestión Humana; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución; Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Proveedores; Yina Marcela Pedroza Gómez, exsubsecretaria legal de Movilidad.
De igual forma, al proceso también aparecen vinculados José Fernando Rueda Salazar, representante legal de Técnicas Constructivas; Juan Diego de Jesús Moreno Barón, representante legal de IDC Inversiones; y otras dos personas identificadas como Juan Manuel Villegas Márquez y Yarlecy Mena Benítez.
La solicitud de imputación en contra de Quintero apareció en medio de un panorama ya enrarecido por parte del exalcalde, quien pocas horas antes de que se conociera del proceso comenzó a publicar cartas dirigidas a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, pidiéndole cambiar al fiscal del caso.
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Según trascendió, el exalcalde ya tendría desde tiempo atrás indicios de que la justicia le pisaba los talones cuando varios de sus exfuncionarios comenzaron a ser requeridos con miras a ese proceso.
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