María del Rosario Guerra gozó de protección especial del Estado para el desarrollo de sus actividades políticas en su condición de congresista, ministra y candidata presidencial. Tenía un vehículo blindado y dos escoltas, con los cuales se desplazaba en sus correrías por Colombia promoviendo el uribismo y, tal como ella misma lo señala, ejerciendo una “lucha democrática” para “salvar a nuestro país de las nefastas ideologías políticas comunistas, que se escudan en ser progresistas”.

(Vea también: Esquema de seguridad de exalcalde de Neiva fue retenido por un grupo armado)

En materia electoral respaldó las candidaturas presidenciales de Álvaro Uribe, Iván Duque y Federico Gutiérrez, quien no pasó de primera vuelta en una elección en la que Gustavo Petro le ganó a Rodolfo Hernández, el candidato al cual fueron a parar quienes respaldaron a Uribe, Duque y Gutiérrez. ¿Cómo narra la excongresista Guerra ese ascenso del primer Gobierno de izquierda en Colombia? Concreto y sin comas: “Lastimosamente el candidato Gutiérrez en la primera vuelta presidencial tramposamente fue derrotado en las urnas”.

Así lo reseña en la tutela que acaba de interponer como consecuencia de la reducción de su esquema de seguridad, situación que ella atribuye a sectarismo político. La tutela es en contra del presidente, Gustavo Petro; el ministro del Interior, Alfonso Prada; y el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, quien fue, en últimas, el que autorizó la reducción en el esquema de protección de María del Rosario Guerra.

Dos temas llaman la atención en el caso de la exsenadora: la valoración de su riesgo potencial y las pruebas que ella adjunta para sustentar su tutela.

En cuanto a lo primero, asunto clave para la adjudicación de los esquemas de seguridad, la situación es la siguiente: el 20 de julio de 2022 Guerra dejó de ser congresista de la República, pero sigue participando en política y la Constitución y las leyes colombianas garantizan la protección especial para quienes ejerzan dicho papel, muy especialmente si están en la orilla de la oposición. No importan si son de un partido u otro, si su discurso es polarizante o si se comportan como malos perdedores en alguna elección presidencial. Todos y todas merecen protección. Como la merecen también los líderes sociales y ambientales.

Guerra de la Espriella pide al juez que tenga muy en cuenta que “en compañía del líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, hemos continuado recorriendo las regiones de Colombia, exponiendo nuestros planteamientos políticos” y que ella sigue participando en programas de opinión de diferentes medios de comunicación.

Y recuerda que hace parte del comité promotor de una iniciativa de referendo que busca que se prohíba el aborto en Colombia. Adjunta 23 links de Facebook, Twitter y medios de comunicación en los que queda en evidencia su trabajo político del lado del uribismo, y a la hora de la sustentación de potenciales amenazas concretas esgrime una que para ella es contundente: un pantallazo de Twitter en el que un usuario responde a su petición de apoyo al citado referendo con un trino de dos palabras.

“Para mi sorpresa, y la de mis familiares, amigos y compañeros de Partido Político – dice la excongresista -, llamó mucho la atención una respuesta dada a mi publicación, publicada por la cuenta @sebaspereira que escribió lo siguiente: “Vieja malparida”.

El mencionado tuitero se describe en su perfil de la red social como “100% antiuribista”, tiene 2.659 seguidores y, dice Guerra de la Espriella, “todo indica que su motivación para hacer una expresión soez contra mi dignidad es debido a su malquerencia del ideario democrático del líder natural de mi partido político y lo que representamos”.

Si bien es cierto que en Internet es bastante común el uso de estas y otras expresiones y que tratándose de asuntos políticos en Colombia los madrazos van y vienen en tamaños y medidas cada vez más variados, también lo es que una deliberación a punta de insultos no conduce a nada bueno. De hecho, Naciones Unidas hace rato anda en campaña para ayudar a promover un lenguaje respetuoso en el debate sobre asuntos públicos y califica como lenguaje de odio a las expresiones discriminatorias (sesgadas, fanáticas e intolerantes) o peyorativas (las que se basan en prejuicios, o que son humillantes y despectivas).

Reducción del esquema de seguridad de María del Rosario Guerra de la Espriella

El 12 de enero de 2023. Guerra de la Espriella fue notificada por correo electrónico sobre la resolución 9885 del 24 de octubre de 2022 emitida por la Unidad Nacional de Protección. La resolución tenía dos artículos. En el primero, el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) de servidores y exservidores públicos le comentaba que su nivel de riesgo es extraordinario. En el segundo le decían que como consecuencia de lo anterior su esquema de protección se ajustaría de la siguiente manera: le retiraban el vehículo blindado y los dos hombres de protección y le darían un chaleco blindado.

Guerra presentó reposición contra la resolución por considerar que el esquema no es suficiente y que la argumentación de la UNP es contradictoria. Su reposición fue resuelta por la entidad, la cual le informó que el 15 de septiembre de 2002 el Grupo de Valoración Preliminar analizó su nivel de riesgo y, teniendo en cuenta las actividades de campo del analista del Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo (Ctar), determinó que su nivel del riesgo es “extraordinario, con ponderación en la matriz de 53.88%…”.

Como consecuencia de lo anterior, la UNP volvió a modificar el esquema de seguridad de la excongresista, así: le devolvió uno de los escoltas y le ratificó el chaleco de protección, pero no le concedió el carro blindado. Y ordenó una nueva evaluación del riesgo para ella. Guerra considera que la decisión es caprichosa y carente de certeza técnica sobre su real nivel de riesgo.

Y, claro, con la misma vehemencia con la que promueve discursos sobre “amenazas comunistas” y “castrochavismos”, dice ahora que las medidas de la UNP pueden obedecer a “órdenes superiores, que pueden presuntamente configurarse en una ventaja política” porque limitan su derecho de locomoción.

La tutela fue radicada el 3 de abril y está en el juzgado 28 de ejecución de penas de Bogotá.

Los Guerra, históricos líderes políticos de Sucre

“Chayo” Guerra, como se le conoce en la política, es esposa del expresidente de Fedepalma, Jens Mesa y una reconocida activista de las ideas uribistas.

Sin lugar a duda, jugará un papel como candidata por ese sector de la derecha en futuras elecciones y ya está avalando aspirantes para las votaciones de alcaldes y gobernadores de octubre próximo.

Además, pertenece a uno de los clanes más poderosos de la política en el Caribe colombiano, como quiera que su padre, tío y hermanos han sido congresistas y algunos de ellos desempeñaron, además, otros cargos de elección.

José Guerra Tulena (su padre) y Julio César Guerra Tulena (su tío), fueron gobernadores. Su hermano José Guerra de la Espriella fue condenado por enriquecimiento ilícito y estafa durante el proceso 8.000, que fue el proceso judicial desatado tras la infiltración de dineros de los narcos a la campaña presidencial de Ernesto Samper.

(Lea también: Escolta que perdió la vida en asalto a carro de valores le había dedicado serenata a su esposa)

Y su primo Miguel de la Espriella también fue congresista y también fue condenado por nexos con los paramilitares, con los cuales firmó el Pacto de Ralito, documento mediante el cual 26 políticos de la zona se ponían de acuerdo con cuatro jefes paramilitares (Salvatore Mancuso, “Don Berna”, “Diego Vecino” y “Jorge 40″) para “refundar el país”.

LO ÚLTIMO