Se trata de las avenidas Caracas, Calle 26, Carrera 30 (NQS), Carrera Séptima y Carrera 13, entre otras vías principales de la ciudad, por las que además transita el sistema de transporte Transmilenio que moviliza a millones de capitalinos.
Por esto surge la pregunta entre miles de ciudadanos de si se repetirá el caos en Bogotá, en cuanto a movilidad y orden público, como ocurrió en la anterior protesta (jueves 8 de noviembre) que circuló por esas mismas avenidas.
Incluso, este jueves los estudiantes y centrales obreras marcharán hasta la Autopista Norte con Calle 100, el Parque Nacional y la Plaza de Bolívar.
Aunque el Alcalde Mayor, en una rueda de prensa el pasado viernes, aseguró: “Para futuros eventos vamos a ser más estrictos en definir y hacer cumplir los protocolos, las rutas preestablecidas y los horarios acordados con los organizadores de las manifestaciones”, el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, confirmó este jueves a los medios:
“Uno de los puntos clave era que terminara la protesta de los estudiantes en una plaza o un sitio de espacio público donde ellos se pudieran acumular de manera segura y no como sucedió la semana pasada, en la Autopista Norte con calle 100. Ese es un punto completamente inconveniente, ilógico para terminar la marcha. No estamos de acuerdo con la manera en la que finalmente se terminó de organizar”.
Las movilizaciones comenzaron antes de las 9:00 de la mañana y hasta el momento transcurren en completa normalidad y en compañía de un Grupo de Reacción Inmediata de la Policía, que asignó el Distrito para estos eventos.
Por otra parte, en un comunicado, la Alcaldía anunció las siguientes sanciones contra los manifestantes que incumplan las normas y los vándalos que se filtran en las protestas:
Perturbación en servicio de transporte público
- El que por cualquier medio ilícito imposibilite la circulación o dañe vehículos destinados al transporte público u oficiales, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años y multa de 13 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público
- El que por medios ilícitos incite, dirija o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de 24 a 48 meses y multa de 13 a 75 SMLMV, además de inhabilidad de derechos y funciones públicas.
Infracciones de transportadores
- Podrán ser sancionadas con multa de uno hasta 700 SMLMV los conductores, propietarios o empresas que afecten el orden público, la vida humana y la salud pública, ocasionando traumatismos en la movilidad y otras conducta.
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