El asunto de fondo consiste en determinar si existe el ejercicio voluntario de la prostitución o si lo que hay es un comercio ilegal de personas que son víctimas de una cadena de crímenes contra la dignidad y la vida.
Así lo plantea la revista Semana en un artículo en el que aborda el complejo debate que se avecina por cuenta de una antigua disputa entre la dueña de un burdel en Chinácota, Norte de Santander, y la alcaldía de ese municipio que se niega a autorizar el permiso para que este siga funcionando como lo ha hecho en los últimos 80 años.
“Los hombres necesitan un servicio y las muchachas necesitan su trabajo. Y yo también necesito trabajar porque además tengo que ver por una nieta y soy desplazada de la violencia”, dijo a los magistrados Nelcy Delgado, la propietaria del burdel Barlovento.
No obstante, dice esa publicación, ese asunto quedó en un segundo plano después de que los magistrados empezaron a escuchar los testimonios de mujeres, como Claudia Quintero, que aseguran haber sobrevivido a la prostitución.
“La prostitución casi acaba con mi vida. Allí hay que beber alcohol y hay que vomitar para volver a beber. En el burdel te quieren drogada, alcoholizada y operada. Cada vez las exigencias son mayores. Y las mujeres cada vez más viejas y menos cotizadas para los clientes”, manifestó la mujer justo antes de sentar el piso sobre el que gira la reflexión de la Corte.
“Cuando se garantiza la estabilidad de un burdel, no se garantizan los derechos de las mujeres. Es un mercado de trata de personas, las mujeres son mercancía. No quiero derechos laborales, quiero derechos humanos”, señaló la directora de la Corporación Anne Frank, según Semana.
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