Óber Katua Joonide, líder indígena nukak del asentamiento Aguabonita, en Guaviare, hace un llamado desolador: le pide al Gobierno “que no los deje morir”. Desde hace tres meses piden acciones urgentes para atender un nuevo brote de varicela en niños y jóvenes de este resguardo.

De acuerdo con su testimonio, ya ha ocurrido que en las pocas ocasiones en las que logran atención de las EPS, estas trasladan a sus enfermos a Bogotá o Villavicencio, y los regresan muertos. “Nosotros también somos seres humanos, también tenemos derechos”, dice Óber.

El desplazamiento masivo de estas familias nukaks -uno de los últimos pueblos nómadas en el mundo- empezó en 2005. Al llegar a San José, la capital del departamento, se asentaron en Aguabonita, un pequeño terreno a media hora del casco urbano que nunca ha tenido agua potable, servicios básicos ni tierra cultivable.

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Como ese espacio, Guaviare tiene una docena de asentamientos indígenas en total abandono que requieren presencia institucional continua y diferencial. Esa atención es casi la última esperanza para resguardar esta etnia en riesgo de extinción física y cultural.

La misma Corte Constitucional advirtió del proceso de desaparición de los nukak makús en su Sentencia T-521 de 2011 y le ordenó al Gobierno tomar medidas urgentes para salvaguardarlos, entre ellas un plan de contingencia “con énfasis en atención en salud”. En 2015, ese pueblo fue incluido en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia y se aprobó un Plan Nacional de Salvaguardia de carácter urgente.

Nada de ello ha frenado su desaparición, que, al contrario, parece un proceso irreversible. Así lo muestran las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que indican que entre la década de los noventa y el año 2011 los nukak makús pasaron de tener 1.200 miembros a solo 500.

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Después de tantos años de desplazamiento forzado y sistemático por cuenta, entre otras cosas, de la deforestación y el conflicto armado, el estado del pueblo nukak en Guaviare es crítico: en el departamento no hay un protocolo diferencial de salud para ellos y no existen puestos de salud en la mayoría de sus asentamientos. Los existentes se encuentran en estado de gran deterioro, incluido el de Aguabonita.

Esto fue confirmado por la Defensoría del Pueblo, que instauró una acción popular para garantizar el servicio, y también por la Contraloría General. Esta última entidad realizó una visita a varios asentamientos nukaks en septiembre de 2021. “Ningún centro de salud en inmediaciones de estas comunidades se encuentra abierto y por el contrario están en total abandono”, decía el informe. A través del contralor delegado para población focalizada, Hitler Rousseau Chaverra, esa entidad también alertó sobre el “estado de desamparo” y el incumplimiento sistemático de la sentencia de 2011 de la Corte Constitucional.

La Asociación Colombiana de Salud Pública, asimismo, emitió una alerta en marzo, haciendo referencia a la situación en Aguabonita.

“No tenemos medicamentos, los niños y los jóvenes están enfermos, eso nos preocupa mucho. Los promotores revisan y miran a los niños, pero no les dan medicamentos”, asegura Óber. “El enfermero viene y se demora una hora o media hora, luego se va, después que se va se enferman otros. No todos estamos afiliados (a EPS)”.

Por su parte, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia (Opiac) verificó la situación y entabló el pasado 13 de junio una acción urgente ante el Ministerio del Interior y Protección Social. En ese informe la Opiac hizo un recuento de las muertes de indígenas nukaks entre 2012 y 2016. Durante esos cuatro años murieron seis integrantes de esa etnia por fallas en la atención, de acuerdo con la Opiac. Pero la situación actual es preocupante: desde 2020 y hasta el 8 de marzo de 2022 se han contabilizado 11 fallecimientos, en su mayoría por enfermedades como tuberculosis, neumonía, infecciones respiratorias y otras de piel, como la escabiosis, piodermitis y miasis, todas agravadas por mala alimentación.

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La antropóloga Kelly Peña lleva años observando la problemática de los nukaks y dice que antes había contratos entre la Secretaría de Salud Departamental y las clínicas y albergues, gracias a los recursos para población pobre no asegurada. Esto permitía, sostiene Peña, “un enfoque diferencial y atención primaria en sitio más preventiva”. Pero desde 2020, el Decreto 064 canceló estos recursos, no obstante, en los sitios donde están los nukaks no hay promotores ni quién realice detección temprana de enfermedades para canalizarlos dentro del sistema. Dicho decreto obliga a las gobernaciones a afiliar a todas las personas al sistema a través de una EPS, pero esto puede ser irrealizable en regiones selváticas y apartadas como el Guaviare.

Martha Romero, secretaria de Salud del departamento, admite que no ha sido posible implementar un modelo que tenga en cuenta las particularidades y características de los indígenas nukaks, pues la Gobernación no cuenta con recursos suficientes.

Romero asegura que el gobierno gira el dinero a las EPS para la atención de la población indígena oportunamente. Asimismo, afirma que cuando ocurren brotes de enfermedades se hace una “búsqueda activa” para tratar a los enfermos. “No solo se trata de afiliarlos a la EPS, sino que necesitamos recursos para darles una atención diferente”, asegura Romero refiriéndose al carácter nómada de muchas de estas familias.

Esta es una de las barreras para acceder al sistema. El carácter regulatorio que exige, por ejemplo, la cédula para identificarse, choca con con su vivencia amplia y dispersa del territorio. “Eso no lo contempla ninguna norma y no hay recursos diferenciados para eso”, concluye Romero.

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