Integrantes del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime, recurrieron a la acción de tutela para lograr que Cortolima contestara un derecho de petición, mediante el cual buscan respuestas sobre el seguimiento que hace la autoridad ambiental, a los permisos otorgados para el proyecto La Colosa de la multinacional Anglogold Ashanti.
Esto teniendo en cuenta que hay preocupación por un posible caso de deforestación en predios que se cruzan con la Reserva Forestal Central y sobre los que recaen títulos mineros que en la actualidad están suspendidos.
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Robinson Mejía, miembro del Comité, explicó que acudieron a la acción jurídica porque en su percepción, hubo una vulneración al derecho a la información. Aunque fue fallada a su favor por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, “no subsana nuestro derecho al acceso a la información y es por eso que hemos radicado un desacato”.
Entre los interrogantes remitidos a la Corporación estaba si había autorizado a Anglogold Ashanti “realizar cualquier tipo de actividad objeto de permisos ambientales en las áreas otorgadas para el desarrollo del proyecto La Colosa a pesar de que dichos títulos se encuentran suspendidos”.
Igualmente, se solicitó adelantar una visita de seguimiento y control a las áreas del proyecto, “para verificar los hechos relatados en la petición y verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de Anglogold Ashanti”, de la misma forma, se pedía activar las acciones y procedimientos sancionatorios, si fuera necesario.
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Inconformidad
Mejía, uno de los tutelantes, agregó que tras radicar quejas y denuncias sobre posible deforestación en el predio La Cumbre ubicado en la vereda La Luisa de Cajamarca, recibieron una respuesta que no entrega información a profundidad.
“En lo poco que nos dicen, manifiestan que entre las visitas que han hecho a la zona no encuentran nada para hacerle una sanción o por lo menos abrir un proceso sancionatorio a los dueños del predio, en este caso Anglogold. Esto qué quiere decir, o no están haciendo las visitas como tienen que hacerlas o están ocultando información que nosotros mismos hemos denunciado con pruebas, fotografías donde se evidencia que existieron talas en esa zona y esa información la tiene Cortolima porque nosotros se la dimos”, precisó.
De otro lado, en el fallo del Juzgado se señala que una de las preguntas del derecho de petición era conocer si se estaba cumpliendo con las dos resoluciones emitidas por la CAR en 2019, “pero en ningún momento los ilustró acerca de si parte de la citada compañía se cumplió o no lo allí decidido, que era lo que finalmente pretendían”, se expone en el documento.
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Y en lo que respecta a la petición de visita de seguimiento y control a las áreas del proyecto, “nada se dijo al respecto”, por lo que no se tiene precisión si existen o no daños, que puedan derivar algún proceso.
Para el Despacho, las respuestas recibidas por los accionantes “no cumplen con los requerimientos legales y jurisprudenciales, amén de no ser eficaz ni satisfacer lo solicitado por los demandantes”.
Con la tutela, en la que también es accionante Sara Sofía Moreno Gallo, la abogada del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial, Siembra, se busca que la justicia “obligue a Cortolima a hacer lo que tiene que hacer, es decir, defender los recursos naturales de los tolimenses y en este caso que inicie un proceso sancionatorio contra la empresa Anglogold por aprovechamiento forestal ilegal”, expresó Mejía.
Respuestas de la CAR
En el derecho de petición, los ambientalistas le consultaron a Cortolima si la multinacional tenía autorización para algún tipo de actividad en las áreas del proyecto. En la respuesta recibida el 3 de junio, la autoridad ambiental indicó que los permisos otorgados tiempo atrás, actualmente, están inactivos “debido justamente a la suspensión de las autorizaciones mineras”.
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A la pregunta, si la empresa ha cumplido con las resoluciones 1646 y 1679 de 2019 confirmadas por las resoluciones 4425 y 4424 de 2019, la respuesta fue un recuento de cada una de ellas y explicar que las suspensión se mantiene.
Y a la solicitud de las visitas, la autoridad ambiental explicó que se adelantaron varias en mayo de 2021 y en lo corrido de 2022 van dos a los títulos mineros, “áreas en las que las cuales se realizará un análisis multitemporal que evidencie los cambios en las coberturas vegetales, por intervención antrópica, precisando aquí que dichas intervenciones no corresponden actividades mineras”.
Para la CAR la empresa no ha adelantado ninguna intervención minera, por lo que se está dando cumplimiento a la suspensión de los títulos. Por ello, “al no haberse evidenciado al respecto ningún tipo de actividad o incumplimiento en las áreas de los títulos mineros enunciados, no se ha iniciado ningún tipo de proceso sancionatorio”.
Finalmente, la autoridad ambiental concluye el documento exponiendo que “sí se ha evidenciado actividades de minería ilegal en estas áreas, para lo cual se han iniciado los trámites sancionatorios que se desarrollan en los expedientes SAN 02419 y SAN 01592”.
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