Sanitas fue intervenida por la Superintendencia de Salud, pero a diferencia de otras EPS, esta sí manifestó su inconformismo y demandó a la entidad interventora. En esta, explicó el abogado que lidera esta diligencia, incluye acusaciones graves como el prevaricato por parte del superintendente de salud, Luis Carlos Leal.
Leal ya respondió a esta situación, pero el abogado Riveros explicó que esta demanda va desde lo penal hasta una recusación contra el superintendente, pues Keralty cree que hay un sesgo contra las EPS, tomando como referencia las publicaciones hechas años atrás en redes sociales.
En entrevista con Blu Radio, Riveros explicó que el caso podría tratarse de una “expropiación indirecta, que no es un trámite de expropiación, pero que en el marco de una decisión arbitraria como esta, terminan teniendo el mismo efecto”.
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En diferentes medios de comunicación, el abogado de Keralty ha explicado las tres razones en las que se fundamenta esta demanda contra la Superintendencia. Estas son:
- Según Riveros, el funcionario que tomó la decisión, es decir, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, debió declararse impedido por las manifestaciones que hizo en el pasado en contra de la EPS Sanitas a través de sus redes sociales.
- En una segunda instancia, la empresa de salud asegura que la motivación que argumentó la intervención a la EPS es falsa, “esta no se compadece con la realidad”, aseguró el abogado en una entrevista en Caracol Radio.
- Riveros señala que se tomaron decisiones que no están previstas en el ordenamiento jurídico. Una de ellas fue haber privado a los socios de la EPS Sanitas sobre su derecho a la propiedad que el Estado les debe proteger.
“Entendemos que la finalidad de la intervención no es la que públicamente han tratado de expresar en el sentido de tratar de mejorar la administración, sino que entendemos que esto es una primera parte de una estrategia dirigida a asfixiar a la EPS desde el punto de vista administrativo, lo que en derecho administrativo se conoce como una desviación de poder”, añadió el abogado en su charla con Blu Radio.
Dueños de Sanitas, apartados por la intervención
Uno de los aspectos que subrayó Riveros en su conversación con la emisora es que separaron del proceso a la asamblea de accionistas, algo que, dice el abogado, no es común.
“A nosotros nos ha generado una enorme preocupación que en los procesos de intervención de empresas está permitido por la ley que separen al administrador, a la Junta Directiva, pero no está previsto en ninguna parte que separen a las asambleas de accionistas. Es decir, una empresa puede estar intervenida, pero no por ello sus dueños dejan de tener los derechos que se desprenden de sus acciones. Aquí en este caso, una de las decisiones que han tomado, que a nosotros nos parece la más alejada de la ley es esa: suspendieron a la asamblea de accionistas, quitándoles los derechos de propiedad que se desprenden de sus acciones y eso nos parece tremendamente grave”, dijo Riveros.
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Sin embargo, en entrevista con El Tiempo, el abogado de Keralty manifestó que la empresa espera lograr la recuperación de la EPS, pues esperan que esta no acabe en liquidación, uno de los temores más comunes en el sector de la salud con estas intervenciones.
“La decisión del grupo Keralty, que es socia de la EPS, es que vamos a hacer todo desde el punto de vista legal para tratar de recuperar la administración de la EPS lo más pronto que sea posible, porque somos conscientes de que la única manera de poder mantener la operación es que esté nuevamente en manos expertas, que conozcan la empresa, que compartan los principios que la organización tiene en el desarrollo de sus actividades”, indicó en el impreso.
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