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Por: El Colombiano

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Este artículo fue curado por Sebastian Alfonso   Nov 25, 2025 - 5:18 pm
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La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por el uso de aeronaves de la Policía Nacional por parte de Juliana Guerrero, quien, mientras ejercía funciones en el Ministerio del Interior, habría utilizado estos vuelos oficiales para desplazarse hasta la Universidad del Cesar sin que existiera una justificación relacionada con sus responsabilidades en esa cartera.

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De acuerdo con el organismo de control fiscal, Guerrero realizó cinco trayectos en helicópteros de la institución, viajes que no tenían relación con su agenda o tareas en el Ministerio. Solo en combustible, estos desplazamientos representaron un gasto cercano a los 213 millones de pesos, un uso de recursos públicos que la Contraloría considera irregular.

“Los hechos evidencian que, si bien existió autorización ministerial, el objeto del viaje no se enmarca dentro de la misionalidad institucional, por cuanto la asistencia a un órgano directivo de una universidad pública corresponde a funciones diferentes a las propias del Ministerio del Interior”, se lee en el documento de la Contraloría.

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Según el informe, la actividad que motivó los desplazamientos correspondía a gestiones ajenas a la misión institucional, lo que derivó en una actuación ineficiente y antieconómica que terminó afectando recursos públicos.

“Generó un menoscabo al presupuesto público y, en consecuencia, un daño patrimonial al Estado, al haberse solicitado apoyo aéreo en el marco del convenio para unos vuelos cuya finalidad no resulta consecuente con la misionalidad ni las funciones del Ministerio”, añade la Contraloría.

Juliana Guerrero fue denunciada por Daniel Briceño

El caso no es nuevo, pero tomó fuerza tras la denuncia penal interpuesta por el concejal de Bogotá Daniel Briceño, quien acusó a Guerrero de peculado por uso. Sostiene que la exsecretaria ejecutiva del ministro Armando Benedetti empleó un avión y un helicóptero de la Policía Nacional para asistir a una sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), en junio pasado, sin que ese desplazamiento tuviera relación con sus funciones oficiales.

Según su versión, Guerrero viajó acompañada de su hermana y otras personas desde Santa Marta hacia Valledupar en un avión institucional, y al día siguiente utilizó un helicóptero Bell 212 para trasladarse hasta Aguachica, donde participó en una reunión de ese órgano directivo, antes de regresar en la tarde.

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Aunque la versión oficial indicaba que la comisión obedecía a asuntos delicados de orden público, trascendió que el objetivo habría sido intervenir en decisiones internas de la UPC, entre ellas una reforma al estatuto que desde hace dos décadas impide la reelección inmediata de su rector.

Guerrero por su parte aseguró que actuó en calidad de delegada del presidente ante la institución y que sus desplazamientos respondieron a tareas asignadas por el ministro. Aseguró que no tiene relación alguna con intentos de modificar reglas internas de la universidad y que parte de su trabajo está cubierto por reserva, por lo que no puede entregarle detalles a la opinión pública.

Aun así, reconoció haber viajado en varias ocasiones bajo el convenio que permite al Ministerio usar aeronaves policiales y negó haber buscado votos o interferido en asuntos ajenos a sus funciones.

Mientras la Procuraduría avanza en una investigación disciplinaria y la denuncia penal sigue su curso, la Contraloría ya concluyó que los vuelos hicieron un uso injustificado de bienes del Estado y que su costo recae ahora como un daño fiscal que deberá ser esclarecido.

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