La Federación Nacional de Jueces y Fiscales de Colombia se pronunció frente al discurso de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el que lanzó serias críticas a los jueces, quienes, dice, están dejando libres a ocho de cada 10 detenidos por hurto, uno de los delitos que más afecta la tranquilidad de los capitalinos.
Según López, recientemente la Policía ha capturado a 800 atracadores, pero el 80% han quedado en libertad. “Apreciados miembros de la Rama Judicial, Bogotá y Colombia no van a tener seguridad mientras ustedes sigan creyendo que robar es un deporte, que no merece cárcel y no merece sanción. La Constitución y las leyes son claras: robar es un delito y la reincidencia merece cárcel”.
(Le interesa: Claudia López contestó (duro) a Benedetti por robo de familiar; metió a Farc de por medio)
“Estamos maniatados, no administramos a los jueces, pero tiene que ser la Rama de la Justicia y no la rama de la impunidad. El robo es lo que más queda impune.”, enfatizó.
Y concluyó: “La Constitución es clara: proteger la vida y los bienes. Y los bienes se afectan por robos y atracos. Eso debe tener cárcel y si hay duda legal, la Alcaldía radicó hace año y medio una ley para decir lo evidente: robar es un delito y debe tener cárcel. Si quieren que hagamos un sistema de cárcel restaurativa, perfectamente lo podemos hacer, para que sea corta, eficaz, con segundas oportunidades, pero con justicia”.
“La opinión publicitada por la servidora pública no constituye un ejercicio sano para el respeto de la institucionalidad y la autonomía de los poderes públicos y, precisamos que los jueces no somos quiénes construimos la Ley y por tanto, no determinamos las causales de libertad provisional y mucho menos establecemos los topes mínimos y máximos de pena”, le respondió la Federación Nacional de Jueces y Fiscales de Colombia a la alcaldesa.
Asimismo, agregaron que Colombia, suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que se integran a la Constitución Colombiana, “a la cual todos estamos sometidos, incluyendo los alcaldes. Corresponde a los ciudadanos acatar los estándares de independencia de la judicatura, cuya misión fundamental es garantizar los derechos de los asociados dentro del marco de la Ley y la Constitución, por ello el ciudadano que desconozca la norma aplicada por los funcionarios judiciales no queda con licencia para descalificar a los servidores de este poder público”.
Por otra parte, recalcaron que el discurso de la alcaldesa es inaceptable e irrespetuoso con la función judicial, “cuando el marco del proceso penal se brinda a sus actores las herramientas adecuadas para la controversia y disenso”.
Asimismo, solicitaron a las autoridades “no imponer opiniones distantes del interior de cada trámite judicial, como en los tiempos de autocracia, y se invita a acudir al conocimiento legal y a la discusión en los escenarios propicios para afrontar las debilidades de la justicia, cuyas falencias dista de la rectitud de quienes administramos justicia en nombre de la República”.
Finalmente, le señalaron a la alcaldesa que la política criminal del Estado la determinan los otros poderes públicos, “y los jueces de garantías y demás funcionarios de la especialidad penal, solo estamos sometidos al imperio de la Ley, en el alcance y sentido lato que le ha dado la Corte Constitucional al canon 230 superior”.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
LO ÚLTIMO
.svg)
