“La JEP resuelve que la Corte Suprema de Justicia es la competente para resolver las peticiones de sometimiento y revisión de sentencias de Miguel Maza Márquez y Alberto Santofimio por el crimen de Luis Carlos Galán. Los dos solicitaron sometimiento a la JEP como agentes de Estado”, indicó el organismo en una sentencia, este lunes.

Maza Márquez, que fue director del ya suprimido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta), firmó el año pasado un acta de sometimiento a la JEP, encargada de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, en la que solicitó su admisión ante ese tribunal y su “libertad transitoria inmediata”.

Lo anterior se constituyó en un intento de Maza para buscar una revisión de la condena de 30 años de cárcel por su responsabilidad en el magnicidio de Galán Sarmiento en 1989, proferida por la justicia ordinaria en el 2016.

Por su parte, el también exministro Santofimio presentó hace un año su solicitud de acogimiento a la Jurisdicción Especial para la paz (JEP) argumentando que los hechos por los que fue condenado a 24 años de cárcel tienen relación con el conflicto armado de Colombia.

Sin embargo, en la decisión de hoy, que “tuvo una votación de 4 a 3 en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP”, se precisó que “la Corte Suprema será la que defina si Maza y Santofimio pueden acogerse o no a los beneficios jurídicos” del organismo.

El asesinato de Galán ocurrió el 18 de agosto de 1989 cuando iba a participar en un evento público electoral en el municipio de Soacha, cercano a Bogotá.

El hecho fue atribuido a una alianza del cartel de Medellín, dirigido por el narcotraficante Pablo Escobar, con algunos sectores políticos y agentes estatales contrarios a su cruzada por la ética en la política y en el servicio público.

Según las investigaciones, Santofimio sugirió a Escobar asesinar a Galán, quien había denunciado la infiltración y creciente poder de esas mafias en la sociedad y la política.

La JEP se puso en funcionamiento en marzo de 2018 y es la columna vertebral del acuerdo de paz firmado con las Farc.

Esta jurisdicción transitoria juzgará los crímenes cometidos por exguerrilleros, agentes de la fuerza pública y civiles en el conflicto armado, con una visión de justicia restaurativa para aquellos que cuenten la verdad, mientras que expedirá sanciones ordinarias para los que no colaboren.