La decisión se adoptó dentro de los trámites de las medidas cautelares solicitadas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) con las que la JEP pretende proteger 16 lugares del país en los que supuestamente pueden haber víctimas de desaparición forzada en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre.

Según la información recolectada por la Sección de primera instancia para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la JEP, la Fiscalía, por órdenes del juzgado primero de restitución de tierras de Pereira, hizo exploraciones en dicho territorio en 2016, recuperando “cuerpos esqueletizados de seis personas dadas por desaparecidas”.

Dicha instancia explicó que, previo a esas labores y junto con las autoridades indígenas, estableció un listado de 50 personas desaparecidas pertenecientes al pueblo indígena emberá-chamí que habita en el resguardo de San Lorenzo, ubicado entre los municipios de Riosucio y Supía, en Caldas.

En la zona en donde se asienta el resguardo San Lorenzo delinquieron la extinta guerrilla de las Farc, el Eln e incluso el Bloque Cacique Pipintá de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En ese contexto “la JEP considera que en el resguardo indígena de San Lorenzo pueden existir más cuerpos de personas dadas por desaparecidas y que las posibles víctimas pueden pertenecer también a otras localidades vecinas al territorio indígena, dentro y fuera del departamento de Caldas“.

La información añadió que la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas, la Defensoría del Pueblo y la Personería municipal de Riosucio reportaron también que recibieron denuncias sobre víctimas de desaparición forzada, que en total “sobrepasan 70 personas, cuyos cuerpos pudieran reposar en dicho territorio”.