En una audiencia de la Comisión Séptima del Senado, llevada a cabo hace algunos días, quedó en evidencia la delicada situación financiera que atraviesa el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Debido a la falta de recursos, la atención de miles de niños, niñas y adolescentes correría peligro en todo el país, al no poder garantizar el funcionamiento de ciertos programas sociales.

El llamado de atención  llegó poco tiempo después de que periodistas, políticos y académicos firmaran una carta en la que le pedían al Gobierno de Gustavo Petro que no asigne la dirección del instituto en función de favores o cuotas políticas. Esto porque, según aseguraron, en administraciones pasadas se ha ofrecido el importante cargo a amigos como forma de pago por favores.

(Vea también: El impuesto “a las loncheras” de Petro en la tributaria: el golpe a los hogares más pobres)

ICBF: ¿De cuánto es el déficit económico?

Según indicó Martínez, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), del gobierno Duque, no aprobó el presupuesto solicitado por la entidad. De esta forma, no se podría cumplir el objetivo de ampliar la cobertura en algunas regiones de Colombia ni tampoco sería posible asegurar la operación de todos los componentes en la actualidad.

“La ayuda que ustedes nos pueden dar es tratar de conseguir eso que solicitamos [los recursos] y garantizar, por lo menos, la cobertura que se tiene hasta el día”, señaló el dirigente encargado, en declaraciones recogidas por Noticias 1.

Lee También

El déficit del Icbf asciende a los 460.000 millones de pesos, según reveló el directivo. Además, causa especial preocupación la ausencia de recursos en el programa de atención a la primera infancia. Este reportó la necesidad de, al menos, 231.854 millones, los cuales alcanzan para cubrir “servicios comunitarios” por 20 días a casi 600.000 niños y, de igual modo, ofrecer ocho días de atención en “servicios integrales” a más 1’149.969 menores.

Las limitaciones en el presupuesto también afectan, por ejemplo, al programa de familias y comunidades, que requiere de 50.863 millones; y a la adecuación y mantenimiento de las sedes, tarea que precisa de 35.544 millones, aproximadamente.