Tan pronto como fue radicado, este martes, en el Congreso el proyecto de ley para materializar la idea de “paz total” del presidente Gustavo Petro, surgieron voces que aseguraron que ese texto incluía el concepto de zonas de despeje como la que el entonces presidente Andrés Pastrana autorizó para adelantar diálogos de paz con las Farc.

En 1988, Pastrana ordenó despejar un área de 42.000 kilómetros que abarcaba los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa (en el Meta), y San Vicente del Caguán (en el Caquetá). Allí, si bien hubo algunos avances en la negociación de paz, lo que definitivamente ocurrió fue que las Farc se fortalecieron e intentaron lanzar su ofensiva definitiva para tomarse el poder. Eso marcó al país y, desde entonces, cuando se habla de zonas de despeje o de distensión, se teme una situación como esa.

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Ante las dudas que surgieron por el proyecto de ley de paz total —que, en realidad, modifica la ley 418 de 1997, que también sirvió de base para el proceso de paz con las Farc—, pues menciona unas áreas para los diálogos con los diferentes actores armados, el senador Iván Cepeda explicó por varios medios en qué consiste la idea.

El proyecto reza: “El presidente de la república podrá constituir regiones de paz, en las que se adelante, con su autorización, diálogos de paz. Se priorizará en su conformación, además de los territorios PDET [Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial] del Acuerdo de Paz, los municipios categorizados como ZOMAC [zonas del país más afectadas por el conflicto], comunidades de influencia o zonas vulnerables en las que existan graves afectaciones a la población civil y al territorio, y en las que haya ausencia o débil presencia del Estado”.

Pero esas regiones de paz son un concepto distinto a la tristemente célebre zona de despeje del Caguán, enfatizó el senador Cepeda en Noticias Caracol. “Son regiones donde el Gobierno y el Estado realizan una labor especial, focalizada, para garantizar la vigencia de la paz”.

Se trata, según Cepeda, de regiones que tienen en este momento “una situación muy difícil, que están siendo agobiadas por uno o múltiples conflictos armados y que requieren una atención especial del Gobierno”. Precisó en el mismo medio que en esas regiones están, por ejemplo, los llamados municipios PDET, en los cuales se debe implementar el Acuerdo de Paz, pero también otros municipios frente a los cuales el Estado destinará esfuerzos especiales para garantizar la paz”.

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“No son zonas de despeje, de ninguna manera”, enfatizó Cepeda en el informativo. “Allí continúa operando y actuando de manera normal la fuerza pública. Lo que sí habrá son políticas sociales que puedan garantizar que no es solamente, o únicamente, la presencia militar la que garantiza precisamente el bienestar de los ciudadanos”.

Entre esas regiones está el Catatumbo, Arauca, sur de Bolívar, bajo Cauca, norte del Caucha y Chocó. “En esas regiones debe haber una política de paz reforzada. Significa que el Gobierno destinará mejores recursos, mayor atención, para que puedan resolverse los problemas que están en este momento dando lugar a esas confrontaciones y a esa violencia”, dijo Cepeda en Noticias Caracol.

“Habrá diálogos territoriales entre la población, sus organizaciones y también las autoridades”, continuó en ese noticiero. “También estarán presentes eventualmente empresarios y la academia cuando haya lugar a eso. Se trata de diálogos territoriales por la paz. No de diálogos entre el Estado y los alzados en armas o los grupos armados”.

En ese sentido, hizo también una afirmación que explica por qué la idea de Petro se llama “paz total”: “La nación está en peligro precisamente porque existen esos grupos y porque el anterior gobierno dejó que proliferaran de una manera absolutamente caótica. Y lo hizo porque no implementó el acuerdo de paz del 2016. Así que para evitar precisamente este peligro es que hay que resolver el problema de una manera totalizante, diversa, global, simultánea, y eso es lo que proponemos con la política de paz total”.

Suspensión de órdenes de captura y de extradición

Otro aparte del proyecto que puede prestarse para confusiones es el siguiente: “El Gobierno Nacional o los representantes autorizados por el mismo, podrán acordar con los voceros o los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley, en un proceso de paz […], su ubicación temporal, o la de sus miembros en precisas y determinadas zonas del territorio nacional, de considerarse conveniente. En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra estos y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas hasta que el Gobierno así lo determine o decida que ha culminado dicho proceso”.

Esta es una norma que viene de atrás, se renueva cada cuatro años, y los autores del proyecto le introdujeron algunos cambios, dijo Cepeda en NTN24. “Lo de las zonas no es uno de ellos. Eso ya está en la norma desde los acuerdos de paz de 2016 con los nombres de zonas veredales y después con el de espacios territoriales”.

“Esas zonas son las que se aluden en el proyecto y no son una novedad de este Gobierno, sino una figura que eventualmente pueda servir si es que en un proceso de paz en el futuro se llega a un acuerdo”, añadió Cepeda en este medio. “No tienen nada que ver con zonas de despeje ni en ellas se van a adelantar diálogos ni allí habrá personas que estén por fuera de la ley”.

Aclaró que entrarán a operar “solamente si se llega a un acuerdo de paz, y si ese acuerdo incluye la creación de esas, como fue el caso en el proceso de 2016, pues se crearán. Por eso las hemos dejado ahí y no las hemos modificado”.

También advirtió que el proyecto de ley no faculta a ninguna autoridad local para que adelante una negociación de paz. “Lo que sí faculta a las autoridades locales es para que adelanten alguna clase de medidas para que puedan garantizar el derecho del derecho internacional humanitario. No se trata de que cada alcalde de este país cree su propia mesa de negociación y llame a uno o varios grupos a concertar en nombre del Estado colombiano una serie de reformas o cambios. No es eso de lo que se trata”.

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