La Resolución 00801 que firmó el fiscal Francisco Barbosa Delgado consigna la designación de un equipo que hará parte de la mesa técnica de alto nivel que verificará el estado y manejo del inventario de bienes a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con el propósito de identificar posibles irregularidades e intervenir penalmente respecto a las actuaciones que constituyan delito.
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En la mesa de alto nivel participarán una comisión de la Fiscalía, representantes de la SAE y otras entidades relacionadas con la temática, que establecerán la frecuencia en la que se reunirán, y rendirán informes periódicos para hacer un seguimiento de las labores y acciones que se van a tomar.
El equipo de la Fiscalía, por su parte, será coordinado por vicefiscal Martha Mancera, la delegada para las Finanzas Criminales, el director nacional del CTI, la directora especializada de Extinción del Derecho de Dominio y el director especializado contra la Corrupción.
Del mismo modo, la resolución vincula a dos fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción que han investigado los actos de corrupción en la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
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La labor de las dos funcionarias será garantizar el ejercicio penal respecto de los hechos ilícitos que sean identificados en esas fases y deberán asumir las investigaciones atendiendo estándares.
Qué se sabe de las irregularidades en bienes de la SAE
Como un primer aporte, la Fiscalía entregó un informe que detalla las propiedades ocupadas con fines de extinción del derecho de dominio desde que el fiscal Barbosa asumió el cargo. Se trata de 19.587 bienes, cuyo avalúo supera los $25.7 billones. Lo que dice el ente acusador es que durante los últimos años se puso en marcha una estrategia investigativa para poner en evidencia a los responsables del manejo irregular de los bienes que estuvieron a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), entidad que antecedió a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
“Al respecto, hay 105 procesos activos, de los cuales 66 están en indagación, 11 avanzan en investigación, 27 en etapa de juicio y en uno se obtuvo la terminación anticipada. Entre 2018 y 2022, han sido realizadas 29 imputaciones y 20 acusaciones, suscrito 4 preacuerdos, otorgado 5 principios de oportunidad y obtenido 6 condenas. Desde febrero de 2020, fueron priorizadas las actividades investigativas y se les dio un impulso. En algo más de 31 meses se hicieron 17 imputaciones, radicado 16 escritos de acusación y logrado 5 condenas, todas están ejecutoriadas”, resaltó el fiscal Barbosa.
De otra parte, dijo que la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impactó el patrimonio de tres de los señalados involucrados en las anomalías detectadas en la DNE.
En ese sentido impuso medidas cautelares sobre 91 bienes, avaluados en más de $220.000 millones. Las propiedades fueron ocupadas entre octubre y diciembre de 2021, en Barranquilla, Baranoa y Galapa (Atlántico); y Cartagena (Bolívar).
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