El presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa anunciaron el pasado 13 de octubre investigaciones por las inconsistencias en el inventario de bienes incautados a la mafia, que son administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En pocas palabras, muchas de las fincas, carros y negocios que la justicia les ha quitado durante años a narcotraficantes y criminales, no aparecen. Aunque los altos funcionarios no se aventuraron a ventilar las posibles razones de estos desbalances, en información que intercambiaron las dos entidades, el ente investigador sí ofreció algunos de los porqués, aunque, en general, se lavó las manos.

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Fiscalía explica lío con bienes de la SAE

De hecho, el día antes de la rueda de prensa que ofrecieron el presidente y el fiscal, la Fiscalía entregó un documento clave, que conoció El Espectador. Se trata de un oficio de cinco páginas que la delegada de Finanzas Criminales de la Fiscalía, Luz Ángela Bahamón, le envió al presidente de la SAE del gobierno Petro, Daniel Rojas Medellín.

Tras explicar algunas de las acciones que ha emprendido la administración de Barbosa para combatir el lavado de activos, la alta funcionaria reconoció que, en el camino, han detectado obstáculos para hacer realidad las órdenes que dan los fiscales de embargar o secuestrar un bien.

Bahamón explicó que, desde el 1 de enero de 2020 al 6 de octubre de 2022, se han impuesto medidas cautelares sobre 21.772 bienes, avalados en 25,7 billones de pesos. Eso quiere decir que los bienes no se pueden vender o arrendar.

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Pero esa no es la cantidad de bienes que han pasado a poder de la SAE en ese periodo, como ha venido denunciando el presidente Petro. Para que cualquier bien entre a los listados de la SAE, el proceso funciona así: con base en una investigación, un fiscal emite una resolución con la que inicia una demanda de extinción de dominio y las autoridades deben congelar los bienes que el expediente quiere extinguir, para que sus dueños no tengan más acceso a él.

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