Por presuntamente omitir sus funciones para mitigar el hacinamiento en las estaciones de Policía y unidades de reacción inmediata de sus ciudades, la Procuraduría abrió una investigación contra los alcaldes de Cali, Jorge Iván Ospina; Ibagué, Andrés Fabián Hurtado; Valledupar, Mello Castro; y Riohacha, José Ramiro Bermúdez.

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Estas investigaciones nacen a partir de un informe de la entidad, construido a partir de múltiples visitas a los centros de detención de esas ciudades.

En el expediente la Procuraduría menciona que en el caso de Cali, existe un hacinamiento del 477 % en las estaciones de Policía. Además, se detectó que las personas que se encuentran privadas de la libertad en estos lugares enfrentan problemas para recibir sus alimentos, así como enfermedades en la piel y tienen dificultades para recibir sus visitas. Por su parte, en la capital de la Guajira, la Procuraduría encontró un hacinamiento del 242% en los centros de detención transitorios, pues a pesar de contar con solo 50 cupos, al 8 de marzo pasado permanecían allí 121 personas.

Una situación similar encontró el Ministerio Público en Valledupar, donde la Estación de Policía La Permanente tiene un hacinamiento del 930%, porque allí permanecen privados de la libertad 558 personas, cuando este lugar solo tiene cupo para 60.

Por último, en Ibagué el Ministerio Público encontró un hacinamiento del 731%, ya que la capacidad máxima de los establecimientos de esa ciudad es de 70 personas y hay más de 500.

Ante este panorama el Ministerio Público indicó que con su presunta omisión los alcaldes pudieron incumplir sus deberes funcionales, por lo que les solicitó relacionar las medidas adoptadas desde que asumieron el cargo, si se han realizado mesas de trabajo para abordar esa problemática, así como señalar los compromisos adquiridos y el grado de cumplimiento.

“Con la apertura de las investigaciones, la Procuraduría busca establecer si en el periodo constitucional de los citados mandatarios se ha dado cumplimiento a las obligaciones legales que tienen esos entes territoriales, específicamente las de crear, dirigir, organizar, administrar, sostener y vigilar las cárceles o centros de detención preventiva, mediante la asignación de recursos, entre otros”, explicó el Ministerio Público.

La investigación contra los alcaldes se conoce horas después de que la Procuraduría abriera investigación contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por posible incumplimiento en crear, dirigir, organizar, administrar y vigilar las cárceles o centros de prisión preventivos en la capital.

La decisión también cobija al secretario de Gobierno, Felipe Jiménez. En el expediente, la Sala Disciplinaria de Instrucción menciona que desde la administración distrital, al parecer, no se han brindado las garantías que la ley exige para las personas privadas de la libertad

En días pasados la Corte llamó la atención sobre la crisis carcelaria en el país. En las visitas que adelantó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez en las estaciones de policía de Bogotá se encontró que hay servicio de un solo baño para alrededor de 120 personas.

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Del mismo modo, que habían privados de la libertad que fueron retenidos en un shut de basura. Por la labor del alto tribunal y tras hacer seguimiento a la vulneración masiva de derechos de la población carcelaria, el Inpec ya trasladó a cárceles a 214 personas que se encontraban en centros de detención transitoria.

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