Hoyos manifestó en La FM que actualmente se está viendo cómo “la justicia está en manos del narcotráfico y de quienes quieren evadir la responsabilidad de los delitos” por lo que, como presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), promueve un referendo que acabe con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y, en su lugar, se cree una sala especial en la Corte Suprema de Justicia para juzgar a los actores del conflicto armado, el mismo propósito que promueve el expresidente Álvaro Uribe.

Asimismo, Hoyos dijo en la emisora que también pretenden revocar los magistrados de las altas cortes para acabar con la “corrupción en el medio de la justicia”.

De igual manera, la iniciativa busca, aseguró el periodista en la entrevista, que para el siguiente periodo legislativo se reduzca el Congreso a 80 parlamentarios por cámara (80 senadores y 80 representantes).

Hoyos aseguró que de aprobarse el referendo, los acuerdos de paz no se “tocarían”, pues la medida va contra las personas y no contra las instituciones.

“No estamos cambiando la estructura institucional. Estamos buscando revocar el mandato a los magistrados de las altas cortes por corrupción. Porque está metido el narcotráfico ahí, y las más grandes mafias del país. […] Es una operación quirúrgica para salvar el país”, aseguró.

Periodistas de La FM le preguntaron al uribista si en el fondo pretendía hacer un “revolcón institucional” que iría más allá de un referendo y se convertiría en un “golpe de Estado”, pero Hoyos dijo que, pensando en  la ingobernabilidad que se crearía, desistieron de la idea de revocar el Senado, y agregó que todo sería un proceso en el que se remplacen las cortes, los magistrados y finalmente, se cree la sala especial.

Hoyos agregó que lo que quieren es volver “a orientar la justicia como debe ser y no como los narcotráficantes quiere que sea”,  por lo que  con este referendo se está “ratificando la extradición, acuerdos internacionales como que los delitos de lesa humanidad deben pagar cárcel, que los delitos sexuales no son un delito político, que el narcotráfico es un delito trasnacional y se respeta la solicitud hacía los países que tienen el acervo probatorio sobre un delincuente internacional”.

Para que Hoyos y organizaciones de víctimas de las Farc que apoyan esta iniciativa, como la corporación Rosa Blanca, puedan llevar a cabo el referendo necesitarán 1’853.083 firmas, de acuerdo con La W, que deberán recolectar en seis meses.