Así lo denunció la ONG Human Rights Watch (HRW) en su más reciente informe, en el que señala que no solo los colombianos están sufriendo los ataques, sino que los venezolanos que llegan allí huyendo de la crisis de su país son las nuevas víctimas.

La organización alertó que persisten las dinámicas del conflicto armado porque “falta el control pleno y efectivo” del Gobierno en algunas áreas que antes dominaban las Farc; también hacen presencia el Eln y el Epl.

“La violencia y los abusos han aumentado en el Catatumbo desde que las Farc se desmovilizaron. Las autoridades colombianas no han tomado medidas adecuadas para cumplir con sus obligaciones internacionales de proteger a la población civil y asegurar que las víctimas reciban justicia”, añade HRW.

En un video presentado por la organización, un joven venezolano confesó que está “raspando coca” para criminales, mientras que una líder social contó que los ciudadanos de ese país buscan trabajo o comida en esa región y “estos grupos al margen de la ley los están reclutando con mentiras, con que les van a dar comida o les van a dar sueldo”.

Esa mujer, que prefirió preservar su identidad, agregó ante los investigadores:

“Aquí todos los días, todos los santos días, hay dos y tres muertos. Vienen matando los líderes, eso nos preocupa demasiado porque nadie ha sabido nada, ya la gente se acostumbró a ver muertos. […] Es olvido del Estado. Es olvido del Gobierno. [Queremos] que el Gobierno nos dé una aclaración de quien viene haciendo estos asesinatos a la población civil y a los líderes sociales”.

Estos son los testimonios:

“Los que están en el conflicto no están sufriendo lo que nosotros, como campesinos…, estamos sufriendo”, dijo a Human Rights Watch un maestro de escuela rural que perdió un pie cuando una mina antipersonal explotó a pocos metros de su escuela. “Nosotros somos los que estamos pagando un conflicto que iniciaron ellos”.

“Esa guerra tiene como presas de la guerra a la población civil del Catatumbo, campesinos pobres que no han conocido al Estado colombiano durante décadas y que están expuestos a abusos gravísimos cometidos por estos grupos armados”, afirmó el director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en una rueda de prensa en Bogotá.

Catatumbo

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¿Y los venezolanos?

Los cerca de 25.000 extranjeros que vivían allá hasta abril pasado, son de los más afectados. Según constató en terreno HRW, los ciudadanos del país petrolero que están radicados en el Catatumbo son víctimas de delitos como el reclutamiento de menores, los homicidios y los desplazamientos forzados.

“Las violaciones que se han cometido en el Catatumbo incluyen asesinatos, desapariciones, violencia sexual (…) reclutamiento de menores, desplazamientos, uso de minas antipersonales y también secuestros”, añadió Vivanco.

Muchos de los venezolanos que han llegado a la región viven en una situación precarias ya que duermen “en las calles o en edificios en condiciones de hacinamiento, a veces sin electricidad ni agua potable”, según el informe.

Sin embargo, añadió Vivanco, muchos han encontrado en el Catatumbo “una posibilidad de comer” y de “sobrevivir” que no tenían en su país.

“Las mujeres, muchas de ellas están en actividades de prostitución, por dos dólares se prostituyen. Los niños venezolanos están raspando coca; entrevistamos y conocimos casos de niños entre 8 y 14 años que se levantan a las 4.00 de la mañana a raspar coca, eso si tienen suerte porque la alternativa es que sean capturados y reclutados por el Eln, el Epl o el Frente 33 de las Farc”, detalló.

Por otra parte, las cifras de homicidios se duplicaron en esa zona de Colombia -conformada por los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú- pues pasaron de 112 casos en 2015 a 231 en 2018.

De esos casos la organización analizó ocho y concluyó que “presuntos miembros de grupos armados mataron a civiles tras acusarlos de cooperar con otros grupos o con la fuerza pública colombiana, o por negarse a sumarse a sus filas”, una forma de control territorial frecuente en las zonas de conflicto en Colombia.

Vivanco señaló que HRW constató que el Eln y el Epl “violan mujeres”, así como recogieron evidencias que “sugieren que hay trata de personas por parte de estos grupos mafiosos, que ejercen un control social fuerte, terrible, sobre la población”.

“Si bien las cifras que describen la magnitud de los abusos en este informe son muy graves, la cantidad total de abusos probablemente sea mayor, debido a que muchos casos nunca se denuncian por temor a represalias”, resalta la ONG.

En la región, los grupos criminales también han utilizado minas antipersonales en las zonas rurales y desde el 2017 cuatro personas murieron y 65 más resultaron heridas tras pisar uno de estos explosivos.