Desde ayer en la tarde un grupo de indígenas sikuani llevó a cabo un bloqueo en la vía que de Puerto Gaitán conduce al departamento de Vichada. La protesta se hizo en el Alto Neblinas, seis kilómetros delante del casco urbano municipal.

Desde la Corporación Claretiana, una organización defensora de derechos humanos que acompaña estas comunidades, explicaron que la acción se da como respuesta a un desalojo que las autoridades hicieron en el asentamiento indígena Barruli, ubicado en inmediaciones del centro poblado de La Cristalina.

Según la Corporación, desde 2020 varias familias indígenas decidieron “retornar a su territorio ancestral, pero han tenido conflictos con las fincas colindantes que pertenecen a colonias menonitas que se han apropiado irregularmente de tierras baldías”.

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En Twitter, la organización defensora de derechos humanos precisó que las comunidades afectadas denunciaron que durante el desalojo “fueron incinerados sus enseres por la comisión institucional que acompañó la diligencia. Conductas que vulneran los derechos humanos de pueblos indígenas que han habitado ancestralmente estos territorios”.

Como respuesta a esta situación la comunidad se movilizó ayer en la tarde hacia el Alto Neblinas, reclamando la presencia de la Agencia Nacional de Tierras. El objetivo es que la ANT emita un concepto de fondo sobre el problema, explicó la Corporación Claretiana. Precisó que los indígenas buscan que se les reconozca el derecho a su territorio ancestral.

Julia Chamarravi, líder indígena de Puerto Gaitán, le confirmó a El Morichal que las vías de hecho se mantienen porque no encuentran garantías de diálogo con la institucionalidad.

“Hoy se sentó el gobierno municipal con una delegación del gobierno departamental, del Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, pero no dio funcionamiento porque no se ven las garantías para efectuar la reunión que se requiere”, manifestó.

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Según consignó el diario El Tiempo, la alcaldía de Puerto Gaitán señaló que el procedimiento liderado por la inspección de policía cumplió con todos procedimientos y el Ministerio del Interior certificó que las familias ubicadas en esa finca están registradas en resguardos debidamente reconocidos y que, el reclamante del predio tiene los títulos que lo acreditan como propietario.

El rotativo bogotano también reseñó que el procedimiento se cumplió con el acompañamiento del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, La Personería, la Gobernación del Meta y la Alcaldía de Puerto Gaitán. Desde la alcaldía también expresaron que el delegado de la Defensoría del Pueblo fue agredido por un grupo de indígenas.

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