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El 22 de febrero de 2026, el municipio de Pijao vivió el lamentable registro de su primer homicidio del año. La víctima fue identificada como Gonzalo Acevedo Pérez, de 45 años, oriundo de San Luis, Tolima, quien se desempeñaba como administrador de la finca Balcones, situada en la vereda La Mariela. Según informó el periódico Crónica del Quindío, el suceso tuvo lugar en plena zona rural, en una vía terciaria que conecta hacia Barragán y se ubica a aproximadamente una hora y media del casco urbano.
La alerta a las autoridades se produjo a las 8:18 a. m., cuando habitantes del sector reportaron la presencia de una persona sin signos vitales en el corredor vial. Los agentes que llegaron al sitio encontraron a Acevedo Pérez con una herida abierta en el cuello, provocada por un machete. Junto a su cuerpo se hallaron dos botellas de cerveza, hecho que llevó a inferir que el consumo de licor pudo preceder el trágico incidente.
Las primeras indagaciones, apoyadas en testimonios recogidos por las autoridades durante labores de vecindario, sugieren que todo derivó de una fuerte riña. Testigos relataron que hubo un enfrentamiento con machete, y que la víctima se defendió utilizando un poncho que aún sostenía en su mano izquierda. Estos detalles han contribuido a la reconstrucción preliminar del episodio violento que cobró la vida de Acevedo Pérez.
El contexto personal del fallecido también aparece en las versiones reunidas por la policía. Conforme a personas cercanas, Acevedo Pérez era percibido como un individuo conflictivo en la comunidad. Se supo que, cerca de tres años atrás, había recuperado su libertad tras haber cumplido condena por homicidio, lo cual añade complejidad al caso.
Al momento del reporte, la investigación sigue en curso. Las autoridades no han obtenido capturas relacionadas con el hecho, pero el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó la inspección técnica al cadáver y continúa con las pesquisas para esclarecer plenamente las responsabilidades y circunstancias de este homicidio. Este acontecimiento, reseñado por Crónica del Quindío, vuelve a poner en discusión la inseguridad y la conflictividad en zonas rurales, donde el acceso a la justicia puede verse limitado por la dispersión geográfica y la falta de inmediatez en la respuesta institucional.
¿Qué funciones cumple el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en este tipo de casos? La pertinencia de esta pregunta radica en que, en muchos procesos judiciales en Colombia, la participación del CTI resulta fundamental para el esclarecimiento de delitos como los homicidios. El CTI es la dependencia de la Fiscalía General de la Nación encargada de la investigación criminal, la recolección de evidencia en el lugar de los hechos y la coordinación de actividades periciales. En eventos como el de Pijao, su intervención garantiza la conservación de la escena y la obtención de pruebas que permitan identificar y judicializar a los responsables, por lo que su labor impacta de manera directa en la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos de las víctimas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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