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Risaralda, departamento colombiano con casi seis décadas de historia, ha transitado una evolución política significativa respecto a sus liderazgos y formas de selección de sus gobernantes. Desde su nacimiento en 1967, según información de El Diario, han pasado 36 dirigentes por la Gobernación de Risaralda. Hasta antes de la reforma constitucional de 1991, 26 de estos mandatarios accedieron al cargo mediante designación presidencial, método que predominó en la administración pública colombiana de la época, mientras que solo tras la Constitución Política de 1991 se introdujo la elección popular directa para este puesto. Además, a este grupo de líderes se suman tres gobernadores que actuaron de manera provisional como encargados.
A lo largo de los años, el papel de la mujer en la Gobernación de Risaralda ha sido poco relevante, con solo tres mujeres ocupando la máxima responsabilidad departamental: dos mediante nombramiento presidencial y una a través de votación popular. La lista de gobernantes inicia con Cástor Jaramillo Arrubla, quien asumió funciones el 16 de enero de 1967 por designación del entonces presidente Carlos Lleras Restrepo, encargado de poner en marcha la administración de esta nueva entidad territorial durante ocho meses.
Desde la creación del departamento y hasta la entrada en vigor de la elección popular, distintas figuras continuaron con el legado de Jaramillo Arrubla. Entre ellos destacan María Isabel Mejía Marulanda y Amparo Lucía Vega Montoya, quienes, al igual que sus colegas varones, enfrentaron los retos de administrar un territorio en pleno proceso de consolidación. El marcado predominio masculino en estos puestos, según la crónica de El Diario, evidencia las barreras persistentes para la participación femenina en los cargos de toma de decisiones públicas en Risaralda.
El punto de inflexión en la democracia local se produjo con la llegada de la elección popular. El primer gobernador designado por voluntad ciudadana fue Roberto Galvez Montealegre, liberal, a partir del 2 de enero de 1992. Le siguió Diego Patiño Amariles, quien ostenta el récord como gobernador más longevo por decreto presidencial, con 38 meses en el cargo. Desde 1992, diez mandatarios han guiado el destino de Risaralda por la vía electoral, entre ellos dos que han repetido mandato: Víctor Manuel Tamayo Vargas y Carlos Alberto Botero López. Únicamente una mujer, Elsa Gladys Cifuentes, ha alcanzado el cargo a través del sufragio.
En el presente, la administración departamental está en manos de Juan Diego Patiño Ochoa, quien destaca no solo por su juventud sino por continuar una línea de cambio iniciada décadas atrás. El legado institucional de Cástor Jaramillo Arrubla resulta fundamental en la historia de Risaralda. Nacido en Salento en 1914 cuando esta localidad aún pertenecía al departamento de Caldas, Jaramillo sobresalió como abogado y desempeñó diversos cargos públicos de relevancia, como ministro, senador, magistrado y decano universitario, según El Diario.
Su discurso inaugural, recogido en una edición del periódico “Gente de Risaralda” en febrero de 2000, resumía el compromiso con la modernización administrativa, la austeridad, la transparencia y el bienestar social. En los primeros días de gobierno, se gestionaron recursos para los municipios –exceptuando Pereira, debido a condiciones de financiación y acuerdos previos relacionados con la creación del departamento– y la administración inició, en condiciones modestas, gracias al apoyo logístico provisional de la alcaldía de Pereira.
¿Por qué fue excluida Pereira de la inversión inicial gestionada por Cástor Jaramillo Arrubla?
La exclusión de Pereira de la inversión inicial realizada por el primer gobernador de Risaralda fue el resultado de una condición específica para obtener el préstamo, así como un compromiso adquirido con los otros municipios en el proceso mismo de creación del departamento, tal como señala El Diario. Esta decisión buscaba equilibrar el desarrollo entre las diversas localidades de la naciente entidad, garantizando que los recursos impulsaran el crecimiento de las regiones menos favorecidas y demostrando sensibilidad política frente a los acuerdos fundacionales.
Este tipo de medidas permitió establecer bases de equidad regional durante los primeros años de Risaralda, resaltando la importancia de cumplir los compromisos hechos con las comunidades menos representadas y promoviendo la descentralización dentro del nuevo departamento. Así, el antecedente de excluir a Pereira en esa coyuntura refleja la complejidad de las negociaciones y la búsqueda de consensos en procesos de reconfiguración territorial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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