¿Cuál es, realmente, la participación que vamos a tener en la “Paz Total“? ¿Cómo nos pueden ayudar a garantizar que sigamos abanderando esta exigencia de derechos? ¿Cómo lograr que las rutas de atención humanitaria a las víctimas sirvan no solo en Bogotá, sino a nivel nacional? ¿De qué manera nos van a garantizar seguridad? ¿Cuándo se va a cumplir con la reparación integral? Estas fueron algunas de las preguntas que un grupo de 42 víctimas del conflicto le plantearon al presidente Gustavo Petro y a las cabezas de distintas entidades del Estado este 9 de abril, durante la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.

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“El gobierno quiere ayudarlos en todo lo que se pueda: que el Centro Nacional de Memoria Histórica sea en verdad un centro de memoria, quiere ayudar en que las organizaciones de víctimas se puedan constituir en un gran movimiento social por la paz, quiere ayudar en acelerar hasta donde sea posible los procesos de restitución de tierras, de indemnización de víctimas, e incluso los procesos judiciales que tienen que ver con la verdad, lo que hoy llamamos la justicia transicional o restaurativa”, les dijo Petro.

El evento fue propiciado por la Unidad para las Víctimas, entidad que se creó en 2011 para atender a los más de 9 millones de personas afectadas por el conflicto armado en el país (el 18 % de la población total). El encuentro comenzó a las 9 de la mañana en el hotel Tequendama, en Bogotá, sin la presencia del presidente Petro, quien se conectó virtualmente dos horas más tarde, lo que despertó críticas entre varias de las víctimas.

“Somos un país fragmentado, polarizado, profundamente estigmatizado, roto, estratificado. Y tenemos que transformarlo entre todos y todas. Necesitamos de la experiencia y la voz de las víctimas, de las que trabajan por la paz”, dijo durante el evento Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad.

En sus intervenciones, las víctimas narraron los impactos de la guerra en sus vidas y pusieron de relieve las deudas del Estado con su reparación y atención. Contaron cómo el accionar de guerrillas, paramilitares y agentes estatales fracturó a sus familias, cambió sus proyectos de vida y marcó el inicio de una batalla por su reconocimiento como víctimas.

La reunión con exparamilitares para definir qué pasó con sus bienes

En su intervención, el jefe de Estado puso de relieve la importancia de atender ágilmente a las víctimas, para que no sean “sus nietos quienes resulten recibiendo la reparación”, y señaló que hay trabas en la justicia que impiden que el proceso de restitución de tierras se acelere.

“Los jueces de restitución de tierras son lentos, básicamente porque no son suficientes. Hay que ampliar el número”, dijo el mandatario, y resaltó la necesidad de asegurar que el Estado tome el poder de los bienes entregados por los grupos armados para que sean usados en la reparación de las víctimas.

“Antiguos jefes paramilitares que han pagado sus condenas dicen públicamente que estarían dispuestos a reunirse, conmigo incluso, y yo creo que esa reunión debe darse. Es necesario que el Gobierno y beneficiarios jurídicos de la Ley de Justicia y Paz se reúnan para establecer en blanco y negro qué pasó con los bienes”, señaló el jefe de Estado.

Víctimas pidieron reunión privada con el presidente

“Nosotros los campesinos, los indígenas, siempre nos quedamos atrás. Escuchan primero a los ministros, los funcionarios, pero a uno nunca lo escuchan. Esta es la primera vez que me escuchan y tengo mucho por decirle al presidente Gustavo Petro, pero el mensaje es claro: que escuchen a los últimos de la fila”, dijo Germán Medina, integrante de la Mesa Distrital de Víctimas de Bogotá.

Eucaris Salas, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas, solicitó una mesa de trabajo con el presidente y la Unidad para las Víctimas, con el fin de “trabajar en lo que serían los diálogos con los grupos armados, y sobre las soluciones para que la paz sea realmente estable y duradera”. La lideresa propuso que el jefe de Estado tenga una línea de contacto directo con 15 representantes de víctimas para mejorar la interlocución en los temas relacionados con su atención y aportes a la Paz Total.

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Otra de las solicitudes que se le hicieron al jefe de Estado fue apoyar los planes de retorno de las comunidades étnicas que han sido desplazadas de sus territorios.

Joaquín Nijbe, autoridad del pueblo Nukak, alertó: “No podemos volver a los territorios porque hay grupos armados que no nos dejan volver. Hoy en día como instituciones, como gobierno, deben apoyar nuestras necesidades como pueblos indígenas. No hemos podido tener una vida digna”.

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