La Presidencia, citada por Blu Radio, confirmó que Ferrari (peruano de nacimiento) no podrá ocupar el alto cargo por cuenta de la ley 43 de 1993, que ordena que esos puestos deben ser tomados por ciudadanos colombianos de nacimiento.
Esa norma indica que un extranjero de nacimiento no puede tomar la dirección de departamentos administrativos, altas agencias o ministerios, agregó ese medio.
La ley señala que las personas colombianas por adopción (como Ferrari) no pueden desempeñar altos cargos en agencias, ya que estos son equiparables con los ministerios y solo los colombianos de nacimiento pueden ser ministros, señaló esa emisora.
(Vea también: “Quiere más plata para hacer política”: uribismo saca nuevo pero a la tributaria de Petro).
“Los nacionales colombianos por adopción que tengan doble nacionalidad no podrán acceder al desempeño de las siguientes funciones o cargos públicos: los referentes en el artículo anterior, los congresistas (artículo 179, numeral 7 C.N.), ministros y directores de Departamentos Administrativos”, se lee en el artículo de la mencionada ley.
El designado director del Departamento Nacional de Planeación es ingeniero de la Universidad Católica de Perú, máster en planificación regional y urbana de la New York University y doctor en economía de la Boston University. Pese a su vasta experiencia, no pudo posesionarse por temas jurídicos.
Ferrari tiene tres nacionalidades: es peruano por nacimiento, italiano por sangre y colombiano por adopción. Precisamente, tener la nacionalidad colombiana por adopción le impediría que diseñe el plan nacional de desarrollo de los próximos cuatro años.
La de Ferrari es la primera caída oficial de un funcionario designado por Gustavo Petro. Sin embargo, están tambaleando la ministra de las TIC, Mery Gutiérrez y el embajador en Nicaragua, León Fredy Muñoz, entre otros.
Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz
Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.
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