El miércoles pasado hubo gran controversia en las horas antes a las plenarias de Cámara y Senado en las que se estudiaría la extensión de la ley 418 de 1997, más conocida como de orden público. El choque fue por tres artículos que aparecieron en la ponencia y que hasta fueron catalogados como micos.
Los puntos en discusión fueron los que le daban poderes al presidente para amnistiar a los condenados por delitos en medio de la protesta social y permitirle al primer mandatario fijar el marco para el sometimiento de grupos criminales a través decretos. Ambos puntos fueron criticados y considerados como la entrega de superpoderes al primer mandatario.
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Por eso, tal como contó el senador Ariel Ávila en exclusiva a El Espectador, dichos puntos fueron quitados del proyecto, también conocido como la ley de “paz total”. Este contó que sí o sí se tramitará una ley de sometimiento, mientras que la posible amnistía a crímenes en el marco de la movilización social será tratada en un proyecto aparte que presentará el Ministerio de Justicia.
Buena parte celebró la determinación del Gobierno, pues señalaron que estaban dispuestos a escuchar para sacar adelante sus propuestas. Sin embargo, el senador Gustavo Bolívar fue uno de los que entró a rechazar los cambios hechos a la ponencia final de la extensión de la ley 418.
A través de sus redes sociales, Bolívar fue bastante crítico con lo anunciado por Ávila. “No estoy de acuerdo con el retiro de los artículos que buscan la libertad de las personas que participaron en el estallido social, muchas de ellas detenidas injustamente”, expresó el senador.
Gustavo Bolívar reconoció que se vaya a buscar los indultos en otras leyes, “pero indigna que partidos que presionaron esto tienen corruptos en sus filas que han gozado de impunidad toda la vida”. A esto agregó que supuestamente los partidos de oposición, que rechazaron este punto, fueron los causantes del “estallido social que los movilizó”.
El que ha sido uno de los más cercanos a Gustavo Petro en su paso por el Congreso agregó que debería mantenerse el punto que nombra a los condenados por delitos en la protesta social como gestores de convivencia. “Debe ser un atenuante que los jóvenes fueron sacados a las calles para defenderse del hambre que estaban viviendo y que se iba a acentuar con una reforma tributaria que gravaría la canasta básica”, concluyó el senador.
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