Han sido varias las veces que se ha cuestionado la tutela que tiene la Fiscalía sobre el Instituto de Medicina Legal. Uno de los episodios más sonados fue en 2018, cuando Medicina Legal cometió errores en algunas de las pesquisas por la muerte de Jorge Pizano. Debido a las dudas que había en el ente acusador por este caso, las omisiones tomaron más relevancia y se criticó la falta de independencia de la entidad de ciencias forenses.
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Después del gran debate que hubo en su momento, el tema perdió presencia en la agenda nacional. Sin embargo, el senador Gustavo Bolívar radicó un proyecto que probablemente vuelva a activar la discusión. La iniciativa, presentada hace unos días en el Senado, tiene como intención romper la dependencia que Medicina Legal tiene a la Fiscalía.
Para esto, el proyecto propone acabar la entidad para crear un cuerpo diferente que asuma sus funciones. El nuevo ente se llamaría Instituto Nacional Técnico Científico de Ciencias Forenses y el objetivo principal de la propuesta es dotarlo de “autonomía como órgano de la rama judicial del poder público, con el propósito de fortalecer el principio de imparcialidad y debido proceso”.
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Y es que no solo son los escándalos en los que han sonado la Fiscalía y Medicina Legal la razón del proyecto, abogados han señalado que no tiene mucho sentido que el ente encargado de acusar a los procesados tenga tutela sobre la entidad cuya función es emitir conceptos legales sobre posibles crímenes que impliquen agresiones o muerte de una persona.
Con esto en mente, el proyecto propone que el nuevo ente entre a ser parte de la rama judicial y tenga “personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera”. El texto también deja constancia que esta entidad sería la rectora de las “ciencias forenses y el soporte técnico y científico de la administración de justicia en todo el territorio nacional en lo relacionado con las ciencias forenses”.
La propuesta de Bolívar entra a definir más de 21 funciones y los modos en que se financiará este ente, que sería independiente a los recursos que recibe la rama judicial. En este sentido también establece el mecanismo para designar al director general de la nueva Medicina Legal.
En este proceso ya no participará el fiscal general, sino que se haría por concurso de méritos y los tres mejores serán entrevistados por la Corte Suprema de Justicia, que escogerá al que mejor le vaya en el encuentro.
Para el senador del Pacto Histórico, dicho proyecto es importante debido a que, no solo da más transparencia a la administración de justicia, sino que “mejora la percepción ciudadana en la legitimidad del sistema judicial y en las valoraciones en ciencias forenses”.
En este mismo sentido señaló que dota de igualdad a las distintas partes de un proceso penal, debido a que permite la igualdad de armas tanto de la Fiscalía como la parte procesada. “Todos los principios del modelo acusatorio dependen de la autonomía de la entidad encargada de prestar servicios técnicos y científicos en temas como el peritaje en todas las áreas de las ciencias forenses”.
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