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Casi siete años después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, y luego de insistentes llamados de la ONU y otros organismos de la comunidad internacional, el Gobierno Nacional aprobó la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales.
La estrategia tiene como objetivo contribuir a la no repetición de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH contra las personas y comunidades afectadas por las organizaciones y conductas criminales (incluyendo las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo), así como por el abandono institucional del Estado.
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Se trata de una de las mayores deudas del Estado en cuanto al cumplimiento del Acuerdo de Paz. Durante la presidencia de Iván Duque no se logró avanzar en la formulación de la política, lo que según varias organizaciones sociales contribuyó al recrudecimiento de la violencia, especialmente contra lideres sociales y firmantes de paz.
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Desde el inicio del Gobierno Petro se revivió la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancia encargada de formular la política y creada en 2017 tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016.
“Después de un trabajo de más de 10 meses profundizando con las organizaciones de la sociedad civil, los organismos de control, los operadores de justicia, las Fuerzas Militares, las y los ministros se fue tejiendo primero confianzas para crear la política y el plan de acción que ya la JEP y la Corte Constitucional han estado atentas de que podamos entregar esta política aprobada el señor Presidente”, dijo Gloria Cuarta, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.
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De acuerdo con Cuartas, el presidente Petro aprobó el Plan de acción e hizo recomendaciones especiales para que la fuerza pública y la inversión del Estado pueden llegar mancomunadamente y organizados a los territorios; así como para superar y transformar las economías ilegalizadas y otros factores que mantienen la guerra en las regiones.
La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad es presidida por el Presidente de la República y conformada por los ministerios del Interior, Defensa, Justicia; la Fiscalía General de la Nación; la Defensoría del Pueblo; la Procuraduría General de la Nación, y el director de la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales de la Fiscalía.
También cuenta con la participación del Departamento Administrativo de la Función Pública; el Comandante General de las Fuerzas Militares; el Director General de la Policía Nacional, tres (3) expertos reconocidos en la materia y dos (2) delegados de las Plataformas de Derechos Humanos.
Lo que se espera con la política de desmantelamiento
La política está alineada con el eje transversal de “Paz Total” del Plan Nacional de Desarrollo y cuenta con el enfoque de seguridad humana que buscar atacar las causas del fenómeno criminal, más allá de los grupos y sus conductas.
Según informó la Unidad de Implementación, la estrategia para el desmantelamiento “busca generar impactos sobre las dimensiones financieras, políticas e institucionales, armadas, transnacionales y fronterizas del fenómeno criminal”.
Para que esto se lleve a cabo, el Estado colombiano desarrollará iniciativas diplomáticas para la paz, implementará acuerdos militares y socieconómicos de cooperación con los países vecinos y realizará acciones de investigación y sanción de responsables como caminos para la solución política de los conflictos.
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La política establece cuatro componentes claves para la desestructuración de conductas y organizaciones criminales: desmantelamiento; contribución a la transformación del Estado; acción integral del Estado; y monitoreo y evaluación. A través de estos, se espera aportar a la “no repetición de graves violaciones a los DD.HH. e infracciones al DIH contra las personas y comunidades sujetos de protección”, como lo son las organizaciones de sociales, líderes y lideresas, defensoraes y defensoras de derechos humanos y firmantes de paz.
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En el documento de 129 páginas también se incluyen los enfoques territorial, étnico, de género y feminista, etario, interseccional y de participación ciudadana para la implementación integral de las acciones a nivel territorial y social. También se estableció la planeación operativa anual que irá hasta el año 2026 y el seguimiento de su implementación estará a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
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