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El Gobierno le está pidiendo al Congreso $ 502,6 billones para fondear el Presupuesto General de la Nación en 2024. Y de conseguir el visto bueno, sería la caja más abultada de la historia con la que haya contado el Estado colombiano.
Sin embargo, la capacidad que tiene el país para sostener esa cifra está generando inquietud entre quienes le siguen la pista a las finanzas públicas.
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¿De dónde saldrá esa cantidad de plata? El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habló casi una hora antes las Comisiones Económicas del Congreso y argumentó que el 63 % de los recursos saldrán de los llamados ingresos corrientes, que son en un 99 % los impuestos que recauda la Dian.
Según las cuentas del funcionario, esa entidad recogerá más de $ 310 billones y $ 1,5 billones adicionales vendrán como ingresos no tributarios.
Los recursos de capital pondrían $ 141 billones, los fondos especiales $ 15 billones y las rentas parafiscales $ 3 billones. Hasta ahí pareciera que el gobierno tiene controladas las fuentes de recursos para el gasto. Pero desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) hay unas observaciones que no pasan de agache.
El Carf es un organismo técnico que le hace seguimiento a la disciplina financiera del Estado. Y básicamente, alerta cuando hay riesgos por posibles excesos. Recientemente, su director, Andrés Velasco, se refirió a las cuentas que está entregando el Gobierno.
El director del Carf indicó que el gasto primario del Gobierno Nacional crecerá este año hasta el 17,6 % en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), que sería cerca de $ 257 billones.
Por ello, afirmó que ese gasto se está llevando a máximos y en 2025 llegaría a 19,5 % del PIB, “al límite de lo que sería la regla fiscal”. Así mismo hizo notar que ese mayor gasto se está apoyando en ingresos que no son permanentes y que además calificó como inciertos.
Esos ingresos no tan firmes son los que se canalizarían con el llamado arbitramento de litigios, que totalizan unos $ 30 billones (dineros que la Dian recogería al ganar pleitos jurídicos con deudores). Pero además, otros expertos han mencionado que igualmente son inciertos los recaudos adicionales que se esperan de la Dian por la lucha contra la evasión. En palabras populares, son unas cuentas alegres.
Pero hay un punto adicional que también genera inquietud y es el costo que tendrían las reformas que el gobierno quiere sacar adelante, especialmente las de salud y pensiones, que de acuerdo con el Carf implicarían un gasto adicional hasta de 0,7 % del PIB y esto no está contemplado explícitamente el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2023.
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, también habló ante el Congreso y si bien coincidió en que las proyecciones de ingresos no están exentas de riesgos, especialmente en lo relacionado con el arbitramento de litigios y control de la evasión, dijo que “debe destacarse que el gobierno ha manifestado su intención de cumplir las metas de la regla fiscal en 2024 y en los años siguientes”.
“De allí se infiere que desviaciones en la proyección de ingresos serían corregidas oportunamente con ajustes en el gasto por parte del gobierno, con lo cual se mantendría la credibilidad de la política fiscal y se aseguraría que la Nación transite hacia niveles de deuda sostenibles con el nivel ancla de 55 % del PIB establecido por la regla fiscal”, añadió el jefe del banco central.
A su turno, el ministro de Hacienda mencionó dos grandes inflexibilidades que se llevan una porción muy grande del Presupuesto General de la Nación y que exigen acopiar más recursos para aumentar el monto de la inversión social hasta los $ 97,7 billones que le están pidiendo al Congreso.
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La primera inflexibilidad es el servicio de la deuda, al que se destinarían $94,5 billones y es una obligación que se llevaría casi el 19% de los recursos totales, puesto que el país debe honrar unos compromisos a partir del próximo año.
“Entre 2024 y 2025 debemos pagar la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y esa deuda no tiene ninguna posibilidad de evadirse ni moverse ni renegociarse”, apuntó Bonilla, quien además hizo notar que, por ley, cuando crece el recaudo tributario, también debe aumentarse la plata se les gira a los departamentos a través del Sistema General de Participaciones, por ello el monto para este rubro asciende a $237 billones y crece 21% frente a la apropiación para 2023.
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