El objetivo del Gobierno es preservar las piezas para la nación y que no queden en manos de privados o se vendan en otros países, según un despacho de la Vicepresidencia.
El San José -de bandera española- se encuentra hundido desde el 8 de junio de 1708 en cercanías de Cartagena luego de una batalla con una flota inglesa, cuando transportaba un importante cargamento de oro, plata y piedras preciosas valorado en unos 10.000 millones de dólares actuales.
Su hallazgo fue anunciado el 4 de diciembre de 2015 por el entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), luego de décadas de búsqueda emprendidas por diferentes gobiernos colombianos.
De acuerdo con el Gobierno, “la posible remuneración de bienes en especie provenientes del hallazgo o la tasación del porcentaje de retribución hasta en un 45 por ciento de los bienes que no constituyan patrimonio resultan inadmisibles”, por lo que se decidió prorrogar aún más la suspensión del rescate del galeón.
El pasado 10 de agosto el Gobierno anunció que suspendería “hasta por dos meses” la extracción del San José.
Ramírez señaló en su comunicado que sin perjuicio de las posibilidades legales, el Gobierno discrepa de cualquier posibilidad de venta, monetización o pago del naufragio y descartó cualquier posibilidad de su división.
“El hallazgo debe permanecer unido y exhibido para los colombianos y visitantes del mundo”, dijo.
En enero de 2015, el Gobierno de Santos y la compañía Maritime Archaeology Consultants (MAC) iniciaron un proceso de contratación mediante la figura de asociación público privada sin desembolso de recursos públicos con vistas a realizar el rescate del naufragio.
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La vicepresidenta explicó que en los últimos siete meses el Gobierno de Iván Duque ha revisado “con la mayor atención el trámite de esta asociación”, de la cual preocupa “la posibilidad de que el pago al contratista se realice mediante la entrega de piezas extraídas” del galeón San José.
“Esto significaría que parte de nuestra historia quede dispersa por los anticuarios del mundo y resultaría un precedente inaceptable para el rescate de futuros navíos”, agregó Ramírez, ya que se calcula que en los mares de Colombia permanecen hundidas alrededor de 1.000 embarcaciones similares al San José.
La suspensión del proceso de contratación actual busca identificar “mejores fórmulas legales para encontrar una fórmula que permita que todas las piezas que se recuperen del galeón permanezcan en Colombia” para lo cual el Gobierno ha invitado “al único proponente en este proceso a discutir alternativas al respecto”.
Asimismo, dijo Ramírez, se buscará el pronunciamiento del Consejo de Estado para aclarar algunos aspectos de la alianza público privada, ya que algunos de sus elementos jurídicos generan dudas.
Desde el anuncio del hallazgo en 2015 surgieron disputas entre España y Colombia por la titularidad del San José, ya que el país europeo aduce que firmó un tratado con la Unesco que ampara al barco como de su propiedad, mientras que Colombia se defiende al señalar que nunca suscribió dicho tratado.(Sputnik)
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