Hasta junio de 2023 el Gobierno y cinco grupos armados mantendrán un cese bilateral al fuego. El anuncio lo hizo el presidente Gustavo Petro en víspera de Año Nuevo y el acuerdo generó distintas reacciones en la política colombiana. Mientras que algunos celebran esto como un avance hacia la paz, hay quienes consideran que es frenar el trabajo de las Fuerzas Armadas y que se le da muchas ventajas a los grupos criminales.

Por un lado están quienes respaldan el acuerdo, como la senadora del Pacto Histórico, Clara López, quien asegura que es la mejor forma de iniciar el 2023. Para la política, el acuerdo es un regalo del presidente Petro para los colombianos. Por la misma línea está el presidente del Partido Comunes (antes Farc), Rodrigo Londoño, quien considera que “el cese al fuego multilateral propuesto por gobierno nacional aliviará a las comunidades de la Colombia profunda que padecen los horrores de la guerra”.

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Para Timochenko, como se le conocía en la extinta guerrilla a Londoño, “el éxito de esta medida dependerá de la voluntad de paz de todas las fuerzas en confrontación”. Para Sandra Ramírez, congresista del mismo partido, la decisión demuestra que “la vida y la paz son fundamentales para este Gobierno”. Además, dijo que para “quienes hemos firmado el Acuerdo de Paz sabemos que el diálogo y a la paz son los caminos que nos llevarán a la paz total”.

Por otra parte, hubo quienes no recibieron muy bien el anuncio. El expresidente del Senado, Ernesto Macías, dijo que “La Fuerza Pública no puede cesar su obligación constitucional de actuar contra toda organización criminal en todo momento y en todo el territorio nacional”.

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Para el exsenador, se podrían estar arriesgando derechos y libertades de la población civil. “Tiene el deber de mantener el orden público y garantizar los derechos, las libertades y la paz de los colombianos”, señaló Macías. Algo similar señaló el exviceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, quien expresó que “un cese al fuego bilateral sin concentración de tropas, favorece a los elenos (Eln)”.

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Según Loaiza, los grupos armados al no tener la presión del Estado, “pueden seguir delinquiendo siempre que no ataquen a la Fuerza Pública, que queda paralizada”. De igual manera, el otrora ministro, considera que es “imposible verificación porque los otros grupos criminales siguen operando”.

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