“Es importante que se aclaren las cosas. Porque con el artículo de suspensión a 18 meses que se introdujo con la ley de procedimiento de la JEP, los agentes de Estado tienen la potestad de decidir cómo va a ser su proceso penal”, le dijo el jurista a Caracol Radio.
Este martes, el general (r) Mario Montoya firmó el acta de sometimiento para buscar que los crímenes por los que es acusado, y que habría cometido mientras fue comandante del Ejército entre el 2006 y 2008 durante el mandato de Álvaro Uribe, sean juzgados por el nuevo tribunal de paz.
Al someterse a la JEP, no necesariamente implica que Montoya está aceptando su responsabilidad en los crímenes, sino comprometiéndose con contar la verdad y colaborar en las investigaciones sobre esos casos.
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Por eso, Romero aseguró en la emisora que acogiéndose a la JEP el oficial logra “que se suspenda la posible imputación que se haría en la justicia ordinaria y si el día de mañana decide acogerse a los 18 meses de suspensión también va a quedar en una situación de indeterminación el proceso ante la JEP. Han pasado dos años sin que la Fiscalía haya dado una respuesta clara al por qué no se concretó si ya estaba sustentada, argumentada. Donde se llevan varios años de informes, de recolección de información que daban cuenta del papel criminal que tuvo este general en la realización de miles de ejecuciones extrajudiciales en todo el país”, señala.
Efectivamente, la Fiscalía anunció que se haría la imputación, pero nunca lo hizo. Esa situación ha sido criticada categóricamente por la ONG Human Rights Watch que ha presentado pruebas, que considera sólidas, para demostrar la responsabilidad penal de Montoya por cientos de falsos positivos cometidos bajo su mando, pues testimonios de otros generales sugieren que él sabía de los crímenes y no hizo nada para prevenirlos y sancionarlos.
Uno de ellos es el de el coronel Robinson González del Río que indicó que Montoya solicitaba “que los resultados operativos consistieran única y exclusivamente en muertes en combate, es decir, muertos a como dé lugar” con lo que lograba mejorar los resultados operacionales de las diferentes unidades a su cargo, agregó Romero, que además enfatizó en que “ni en la [justicia] ordinaria, ni en la transicional” están dando respuestas a las víctimas.
Por su parte, Andrés Garzón, defensa de Montoya, precisó en medios que confían en este tribunal: “Esta Jurisdicción Especial para la Paz la hemos estudiado a profundidad. Creemos que en el caso de los miembros de la fuerza pública debe ser el juez natural, por disposición legal. Esperamos tener todas las garantías que nos da la ley y especialmente la garantía de objetividad y de verificación de las conductas de la cadena de mando”.
Montoya también es investigado por la polémica operación ‘Orión’, que ha sido considerada como una violación a los derechos humanos, en la que se habría aliado con paramilitares para hacer un barrido contra milicias de las guerrillas en la comuna 13 de Medellín, en 2002, cuando era comandante de la Cuarta Brigada.
El general retirado fue célebre en su momento por encabezar la famosa operación ‘Jaque’ en la que el Ejército rescató a Ingrid Betancourt y a otros 14 secuestrados por las Farc.
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