Se trata del militar de más alto rango que rinde su versión ante este tribunal por las ejecuciones de civiles que luego eran presentados como guerrilleros muertos en combate, conocidas comúnmente como ‘falsos positivos’; una estrategia que tuvo sus momentos más cruentos entre 2006 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Al concluir la diligencia, la JEP informó que Montoya dijo que guardaría silencio, pero que de todas maneras “respondió las preguntas de los magistrados de la Sala de Reconocimiento“.

Sin embargo, el Colectivo de Abogados dijo en un comunicado que consideraba su comparecencia “una burla y un desgaste del mecanismo de justicia transicional“. Asimismo, fueron enfáticos al señalar que “la JEP debe analizar el cumplimiento de los requisitos de permanencia en el mecanismo, y avanzar hacia la investigación, acusación y juzgamiento de este compareciente, e incluso valorando su posible exclusión de la JEP”.

En el comunicado, las víctimas y organizaciones de derechos humanos que integran la plataforma “Campaña por la verdad” consideraron que la JEP debe “adoptar medidas urgentes” frente a la falta de respuestas de Montoya, que volverá a declarar este jueves y viernes.

A renglón seguido, también criticaron que el declarante haya eludido “la obligación que exige el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición de aportar verdad plena sobre los hechos por los que se encuentra investigado relacionados con graves violaciones a los derechos humanos”.

“Existen al menos 18 versiones voluntarias (…) de quienes fueron ejecutores materiales y de otros altos mandos del Ejército sometidos a la JEP que han señalado a Mario Montoya Uribe como quien instigó al personal militar para cometer este tipo de delitos, a través de expresiones que, inequívocamente, los llevaron a cometer asesinatos de manera masiva y sistemática”, añadieron.

En su concepto, lo dicho por el general “contrasta con las enormes expectativas de las víctimas de satisfacer su derecho a la verdad frente a la oportunidad que le brinda al compareciente el acogerse a la JEP, en la cual tiene el deber de decir la verdad plena y completa sobre las más de 2.429 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país entre 2006 y 2008″, subrayó el Cajar.

Igualmente, le exigieron explicaciones sobre “hechos de la misma naturaleza” denunciados antes de ser jefe del Ejército, cuando estuvo al frente de la Cuarta Brigada, la Primera División y el Comando Conjunto Caribe de esa institución.

El clamor para que el general retirado cuente la verdad fue expresado también por los familiares de víctimas que exhibieron a las puertas del tribunal un enorme cartel con fotos de algunos de los ejecutados por militares.