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Varios expedientes judiciales recientes han puesto bajo escrutinio a dos funcionarios de la justicia colombiana: un investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y una fiscal especializada en el combate al crimen organizado. Ambos se encuentran actualmente bajo investigaciones internas, ya que aparecen en procesos que coinciden en la posibilidad de que información confidencial de la Fiscalía haya sido filtrada y terminara en manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que a su vez habría desencadenado el asesinato de personas señaladas como informantes o traidores por dicha organización armada. De acuerdo con versiones incluidas en investigaciones a las que accedió El Tiempo, la filtración de datos reservados permitió al ELN identificar y ejecutar a desertores.
El contexto de este caso está marcado por la muerte de dos exmiembros de la guerrilla. Informes de inteligencia detallan que estos hombres colaboraban con las autoridades en diferentes procesos, uno de los cuales estaba vinculado con un supuesto plan para atentar contra figuras de alto perfil en el país. El 19 de agosto de 2023, el desertor Joaquín Vergara Mojica fue asesinado en un establecimiento comercial de San Vicente de Chucurí, Santander. El propio ELN se atribuyó el homicidio, calificándolo de “ajusticiamiento” motivado por una presunta traición. Sólo un día antes, Otto Daniel Aponte Vásquez, otro desvinculado de dicha organización, había sido también ultimado y considerado delator por sus antiguos compañeros de lucha.
Los documentos a los que tuvo acceso El Tiempo contienen declaraciones claves. Una fuente reveló, en septiembre de 2023 ante el entonces director del CTI, Alberto Acevedo, que el ELN habría desplegado una especie de “cacería interna” tras detectar una filtración sobre un presunto plan terrorista de gran escala. La conspiración involucraba alrededor de 2.600 millones de pesos y posibles víctimas como el fiscal general Francisco Barbosa, el general retirado Eduardo Enrique Zapateiro y la senadora María Fernanda Cabal. El informante relató cómo el supuesto atentado buscaba crear una distracción mediática para facilitar maniobras estratégicas de la guerrilla, incluyendo movimientos de tropas y armas desde Venezuela.
Dentro de su testimonio, el informante señaló a una fiscal especializada que habría indagado sobre su identidad y la de su familia, a pesar de no tener competencia directa sobre el caso. Según la declaración, esa inquietud habría llevado a que el rastro del delator se desviara hacia Vergara y Aponte, quienes luego fueron asesinados. Esta versión ha reforzado las sospechas sobre la implicación de funcionarios judiciales en el flujo de información reservada al grupo armado.
Entre los señalados aparece el nombre de Eber Augusto Huertas, investigador del CTI que acompañó al testigo durante su declaración y quien trabajó anteriormente con la fiscal Lizeth Paola Rodríguez en investigaciones en Arauca en 2013. La relación entre ambos se encuentra atravesada por acusaciones mutuas e incluso denuncias formales por presunto acoso e injuria, así como afirmaciones de Huertas sobre eventuales vínculos de la fiscal con el ELN. Ambos funcionarios siguen en la mira de las autoridades, que ahora intentan esclarecer si realmente existió una fuga de información y si esta propició los crímenes en cuestión.
Según reportes de El Tiempo, la fiscal Rodríguez será trasladada a la Dirección Especializada de Derechos Humanos, mientras Huertas permanece en Paloquemao. Además, la fiscal solicitó la intervención de un grupo especial para esclarecer todas las denuncias que la vinculan a una relación con el ELN. La pesquisa sigue abierta, en tanto se evalúa el impacto de la posible filtración de datos sensibles en el recrudecimiento de la violencia interna del grupo armado y sus repercusiones en el sistema de justicia colombiano.
¿Qué es el CTI y cuál es su función dentro del sistema judicial colombiano?
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) es un organismo adscrito a la Fiscalía General de la Nación, encargado de apoyar judicial y técnicamente las investigaciones criminales. En el contexto presentado, el papel del CTI cobra importancia debido a la sospecha de que uno de sus investigadores pudo haber estado involucrado en la filtración de información reservada a grupos ilegales, lo que destaca la relevancia de las medidas de control y la transparencia en el manejo de datos sensibles por parte de sus funcionarios.
Entender las competencias y responsabilidades del CTI permite dimensionar la gravedad de acusaciones como las expuestas en los expedientes mencionados. Además, pone en perspectiva la importancia de contar con organismos idóneos y vigilados que garanticen la integridad de los procesos judiciales en Colombia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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