Pese a que la negociación se estaba llevando bajo total hermetismo, Caracol Radio informó este miércoles que el abogado que representa a Roberto Prieto aseguró que no se respetó una de las exigencias para continuar adelante con el acuerdo: la confidencialidad.
La emisora dice que la idea de Prieto era aceptar su responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado, y que a cambio pedía que le quitaran el de enriquecimiento ilícito.
Con esta modificación Prieto saldría beneficiado en caso de que lo condenen, ya que le rebajarían hasta la mitad de la pena.
“Si las partes aceptan borrar ese cargo, le quedarían tan solo los que contemplan penas de 5 años, que si le suman lo que ya lleva detenido, le garantizarían estar libre en menos de tres años“, agregó El Tiempo, que cita a una fuente cercana al proceso.
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En cuanto al delito de enriquecimiento ilícito, la Fiscalía dio a conocer a través de un comunicado (del 8 de mayo de 2018) que tiene pruebas para demostrar que Prieto habría recibido una coima de 650 millones de pesos por un contrato para la elaboración de los diseños de la doble calzada de un puente en Plato (Magdalena), otorgado a la firma Yuma Concesionara.
“Es evidente que a sus arcas, señor Prieto, ingresaron dineros producto de estas actividades, en provecho de su condición de exgerente de la campaña presidencial y su cercanía con el gobierno nacional, lo que se desprende de las maniobras que adelantó para que a su patrimonio ingresaran 650 millones de pesos producto de las influencias ejercidas para que Yuma Concesionaria fuera adjudicada y Constructores Unidos se beneficiara con esta contratación”, le dijo la Fiscalía a Prieto durante la imputación de cargos.
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