Con el cobro de las multas por las infracciones captadas por dichos artefactos, desde este 25 de mayo, surgen varias dudas sobre la forma en que se aplicarán e, incluso, su constitucionalidad.

En su momento, la Secretaría de Movilidad destacó  que hay 92 puntos autorizados por el Ministerio de Transporte para ubicar las cámaras y que la etapa pedagógica terminará este domingo 24 de mayo.

La entidad manifestó que estos dispositivos graban las 24 horas del día, todos los días de la semana y capturan evidencias de presuntas infracciones de tránsito para verificar los datos del vehículo y del conductor.

Sin embargo, aquí está el problema. Caracol Radio ha señalado que esta medida ya había sido declarada inconstitucional por la Corte, pues no se podía demostrar quién estaba conduciendo los carros al momento de la sanción para poder emitirla.

La cadena radial subrayó que “la tecnología no da para identificar plenamente a los conductores”.

No obstante, para poder retomar las sanciones, la emisora señaló que el Distrito planteó 2 escenarios.

El primero es sobre las multas por revisión técnico mecánica o Soat, pues independiente de quién sea el conductor, estos documentos deben estar vigentes.

El segundo está relacionado con los temas de velocidad, el pico y placa y el irrespeto a los semáforos. En ese caso, la multa se levanta por la placa del vehículo y el propietario, si recibe sanciones, debe establecer quién iba conduciendo.

Pero es allí donde entra otro inconveniente. La Secretaría de Movilidad le contó a El Tiempo que cuando una multa sea impuesta al dueño de un vehículo, así él no lo estuviera conduciendo, se le pedirá que rinda un informe “acerca de la identidad del infractor”.

Si el propietario no lo hace o da información con errores, “puede ser sancionado con una multa a favor del Distrito que consistirá de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes de manera sucesiva hasta que aporte la información”. O sea, 87’780.300 pesos, destaca el periódico.

Así pues, señala ese medio, se le bota la pelota al ciudadano para que demuestre que él no es el responsable de la infracción, y así se salve de pagar semejante millonada.