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La reciente decisión adoptada por la Fiscalía dirigida por Luz Adriana Camargo, al retractarse de la imputación contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ha marcado un hito en la administración de justicia de Colombia en casos de alta relevancia política y mediática. Rodríguez, reconocido por su largo vínculo con el presidente Gustavo Petro, se encontraba en el centro de la controversia tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, ocurrida el 7 de junio de 2025. Inicialmente, a Rodríguez se le pretendía imputar los delitos de tentativa de homicidio y prevaricato por omisión debido a su presunta negligencia en la protección del político opositor.
La cadena de acontecimientos que se desató, desde la filtración de la “ficha técnica” de la imputación hasta la reversa oficial horas más tarde, ha encendido preocupaciones sobre el manejo interno y la independencia dentro de la Fiscalía. Según confirmaron fuentes citadas por El Colombiano, el proceso pasó de una acusación por dos delitos a centrarse solo en el de prevaricato por omisión, entendido en el Código Penal colombiano como la falta deliberada de un servidor público a cumplir funciones básicas exigidas por la ley. Esta modificación, según la Fiscalía, obedeció a una cuestión procesal: el caso recaía en otro equipo investigador y no en la fiscal que avanzó inicialmente con la imputación, lo que podría generar nulidades en el proceso.
El trasfondo está marcado por la insistencia de la familia de Uribe Turbay, representada por el abogado Víctor Mosquera, quien radicó alrededor de 23 solicitudes para reforzar la seguridad del senador, siendo la última tan solo días antes del atentado. Documentos en poder de El Colombiano evidencian que pese a estos reiterados llamados, la UNP no modificó el esquema de protección, a pesar de que evaluaciones anteriores—incluyendo las de la Oficina Nacional de Evaluación de Riesgos—calificaron el riesgo para Uribe como extraordinario. Durante 2024 y lo corrido de 2025, la UNP respondió repetitivamente que no existían mayores amenazas, negando así recursos logísticos y humanos para su resguardo.
La controversia escaló aún más cuando la propia cabeza de la UNP reconoció tras el atentado que los recursos asignados no eran suficientes, aceptando que en el momento del ataque solo tres escoltas protegían a Uribe, pese a su condición de líder de oposición y candidato presidencial. Paralelamente, el presidente Gustavo Petro exigió investigar a fondo tanto a la UNP como a los escoltas, señalando que el descenso en el número de agentes el día del atentado debía ser indagado como una posible falla institucional.
El padre de la víctima, Miguel Uribe Londoño, sostuvo que existió una omisión deliberada dada la falta de respuesta ante reiteradas alertas, llegando a sugerir la existencia de una discriminación política tanto en la asignación de esquemas como en la respuesta de las instituciones. Este sentimiento fue reforzado por estudios comparativos que indicaban que aliados del Gobierno recibieron mayores esquemas de protección, incluso con niveles de riesgo inferiores. Por su parte, los desarrollos judiciales han permitido identificar a quienes habrían participado en la planeación y ejecución del ataque, como Katerine Andrea Martínez y Elder José Arteaga, algunos de los cuales han aceptado su responsabilidad, mientras otros siguen vinculados a la investigación y enfrentan un amplio historial delictivo, según datos divulgados por la propia Fiscalía.
La decisión de la Fiscalía de revertir una imputación que ya contaba con elementos probatorios no solo ha motivado nuevas dudas de la familia de Uribe y el sector opositor, sino que reabre el debate sobre la politización de la protección estatal, la gestión del riesgo para actores de la oposición y la transparencia en las investigaciones judiciales de alto impacto en Colombia.
¿Qué significa el delito de prevaricato por omisión y por qué es relevante en este caso? Este delito, contemplado en el Código Penal colombiano, consiste en que un funcionario público, aun estando obligado expresamente por la ley a realizar una función específica, la omite, retrasa o rehúsa de manera consciente, actuando deliberadamente en contra de su deber. En el contexto del caso de Miguel Uribe Turbay, la acusación de prevaricato por omisión se relaciona con la presunta negativa injustificada de la UNP a reforzar el esquema de seguridad del senador a pesar de evidencias claras de riesgo; una conducta que, de comprobarse, configuraría una falta grave con consecuencias penales e institucionales, dado que pone en cuestión la integridad de los sistemas de protección y la equidad en la provisión de servicios estatales a todas las corrientes políticas.
¿Qué mecanismos existen en Colombia para revisar y actualizar los esquemas de protección a líderes políticos? El proceso de evaluación de seguridad para líderes políticos suele estar a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que actúa con base en informes de riesgo realizados por entidades especializadas como la Oficina Nacional de Evaluación de Riesgos (ONT). Cuando un candidato o líder señala amenazas o recibe alertas, la persona afectada debe presentar solicitudes que son evaluadas periódicamente, requiriendo justificaciones y evidencia. Sin embargo, denuncias frecuentes apuntan a demoras, respuestas estandarizadas y, en ocasiones, discriminación en la asignación de recursos y esquemas, como evidenciado en este caso. La transparencia y rigurosidad en estos procedimientos resultan clave para garantizar que los derechos y la seguridad de los opositores políticos no sean vulnerados por factores externos o decisiones institucionales carentes de justificación objetiva.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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