El ente acusador consideró que los máximos jefes del Eln ordenaron en reiteradas ocasiones ejercer presión y coartar la función de informar ejercida por los periodistas, y de esta manera ejecutaban retenciones de los reporteros o robo de los equipos de comunicación.

El más sonado de los casos fue el de la periodista española Salud Hernández, secuestrada el 21 de mayo de 2016 en El Tarra, Norte de Santander, mientras se encontraba en una investigación sobre la erradicación de cultivos ilícitos. Permaneció retenida una semana.

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Los delitos que se le imputan a Nicolás Rodríguez Bautista (‘Gabino’), Eliécer Herlinto Chamorro Acosta (‘Antonio Acosta’), Ismael Ramírez Pineda (‘Pablo Beltrán’), Rafael Sierra Granados (‘Ramiro Vargas’), Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía (‘Pablito’) y José Leinner Franco Pérez (‘Barbas’ o ‘Marcos’), son secuestro extorsivo y agravado, rebelión y hurto calificado y agravado.

La estrategia de la directriz del Eln sobre el constreñimiento y la obstrucción al derecho de informar de los periodistas en la región del Catatumbo, como revela la Fiscalía, también afectó al periodista Diego D’ Pablos y el camarógrafo Carlos Alberto Calderón, quiénes llegaron a indagar sobre el secuestro de la española y les robaron sus equipos y permanecieron retenidos durante 4 días, al igual que al reportero Diego Fernando Veloza Duque y su equipo.

El comunicado de la Fiscalía también detalla el caso de los periodistas holandeses Derk Johannes Bolt y Eugenio Ernest Marie Follender, secuestrados el 21 de mayo de 2017 también en el Catatumbo, por guerrilleros del frente Héctor del Eln.